Un decreto con fecha 13 de junio, divulgado el lunes 15 por la Presidencia, ordenó la suspensión de operaciones militares y policiales contra la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB) entre el 14 y el 19 de junio, seis días que coinciden con el cierre de la campaña y la jornada electoral de la segunda vuelta presidencial.
Según reportó El Heraldo, el propósito declarado de la medida es que alrededor de 100 integrantes de esa disidencia de las Farc se desplacen hacia la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) instalada en Putumayo, dentro de la arquitectura de la política de “paz total”. El mismo decreto crea un Mecanismo de Monitoreo y Verificación (MMV) integrado por el Ejecutivo, la disidencia y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA).
El contexto que rodea la decisión no es menor. En abril, según la misma fuente, el CNEB ejecutó ataques en Nariño que habrían dejado tres militares muertos y cuatro menores heridos, tras lo cual la estructura habría ratificado su compromiso de cesar las ofensivas contra la fuerza pública, incluido el uso de drones. El jefe de la delegación gubernamental en la mesa, Armando Novoa, había anticipado en abril que se ultimaban los detalles para el ingreso a la ZUT. En octubre pasado, 3,8 toneladas de material de guerra del CNEB fueron destruidas en Putumayo como gesto dentro de las negociaciones.
A los Comandos de Frontera, que integran el CNEB junto con la Coordinadora Guerrillera del Pacífico, se les atribuye el ataque del 9 de mayo de 2024 en la Amazonía ecuatoriana, que dejó doce muertos —once de ellos militares— y un herido, aunque el grupo negó su autoría, según lo consignado por El Heraldo.
La coincidencia temporal no puede ignorarse. Una suspensión de operaciones decretada por un gobierno en funciones, en la semana previa a una elección presidencial, introduce una pregunta incómoda sobre la uniformidad de los criterios con los que actúa la fuerza pública. ¿Qué señal reciben las disidencias que están negociando y las que no lo están, cuando las operaciones se detienen precisamente en el tramo final del calendario democrático?
La política de “paz total” ha descansado sobre la premisa de que la suspensión de operaciones se compensa con avances verificables en desarme y desmovilización. Aquí, el avance consistiría en el desplazamiento de 100 efectivos a una ZUT cuyo mecanismo de monitoreo apenas se crea por el mismo decreto. La verificación queda entonces en manos de un esquema que nace con la medida, no antes de ella.
Hay además un problema de proporcionalidad que merece atención. La suspensión recae sobre una estructura con antecedentes graves, entre ellos los hechos de Nariño y la masacre atribuida a uno de sus componentes en Ecuador. La negociación con grupos armados no es, en principio, objeto de objeción: la paz es una obligación constitucional. Pero la paz no puede construirse a costa de la equidad en las reglas. ¿Un decreto que detiene operaciones contra una sola estructura, en un momento crítico del calendario democrático, sin contraprestaciones materiales verificables, erosiona el principio de que la fuerza pública actúa con criterios uniformes?
El Gobierno tiene la carga de demostrar que la medida es técnica y no electoral. Que el MMV de la OEA operará con independencia, que las armas que entren a la ZUT serán efectivamente inventariadas y que la suspensión no se replicará como patrón con otras estructuras cada vez que coincida con un hito electoral. De lo contrario, lo que se habrá construido no será una Zona de Ubicación Temporal, sino una tregua con apariencia de paz.
La institucionalidad se mide también en estos detalles: en la consistencia de las decisiones, en la previsibilidad de los criterios y en la separación entre el calendario electoral y el calendario militar. Sobre eso, el decreto del 13 de junio deja más preguntas que respuestas.