La tragedia sísmica que sacude a Venezuela ha dejado al descubierto una realidad que trasciende la geología: la devastación institucional como multiplicador de riesgo. Con cifras preliminares que superan los 2.500 fallecidos y 12.000 heridos, la respuesta estatal se ha visto severamente comprometida no solo por la falta de capacidad técnica, sino por una política deliberada de opacidad. Para Colombia, y en particular para la zona de frontera en Norte de Santander, esto no es un problema abstracto de derechos humanos; es una variable crítica de seguridad y estabilidad regional.
La información como infraestructura crítica
En cualquier economía de mercado funcional y en cualquier democracia liberal, la información veraz durante una emergencia se considera infraestructura crítica, tan vital como las carreteras o los hospitales. Sin embargo, el régimen venezolano ha tratado el flujo de datos como una amenaza a la seguridad del Estado. Según registros de la organización Venezuela Sin Filtro, al menos 65 portales de noticias nacionales e internacionales permanecen bloqueados. Esta censura digital, sumada al hostigamiento contra reporteros en zonas como La Guaira y a la restricción de acceso a hospitales públicos, convierte al silencio oficial en un factor letal.
Desde una perspectiva de gestión de riesgos, la ausencia de datos verificables impide la coordinación eficiente de la ayuda humanitaria y distorsiona la asignación de recursos. Cuando el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) denuncia que la opacidad aumenta en torno a las víctimas y la atención de la emergencia, estamos ante un fallo sistémico. En términos económicos y sociales, la asimetría de información eleva los costos de transacción para la cooperación internacional y obliga a los actores externos a operar con base en estimaciones y rumores, lo que reduce la eficacia de cada dólar o euro destinado al socorro.
El costo regional de la opacidad
Para Bogotá y Brasilia, la censura venezolana tiene implicaciones directas. La falta de transparencia sobre la magnitud real del desastre y la capacidad de respuesta local genera incertidumbre en la planificación fronteriza. Si no hay datos confiables sobre desplazamientos, daños en infraestructura vial o brotes sanitarios, la política migratoria y de seguridad de Colombia se formula a ciegas. La dependencia de tecnologías satelitales privadas como Starlink para transmitir información desde el terreno, tal como lo reportan periodistas independientes, evidencia que el Estado venezolano ha renunciado a su función básica de garante de la conectividad pública.
Este vacío institucional se exporta. La prensa internacional, que ya enfrentaba barreras de entrada severas antes de los sismos, ahora encuentra un escenario donde la verificación in situ es casi imposible. Esto debilita la rendición de cuentas y facilita la narrativización política de la tragedia por parte de actores autoritarios. Desde La Bitácora, hemos sido consistentes en señalar que la soberanía no puede ser un escudo para la negligencia estatal. Cuando un gobierno impide que su propia población conozca la dimensión de una catástrofe, viola contratos sociales básicos y genera externalidades negativas para sus vecinos.
Lecciones para el institucionalismo andino
El caso venezolano debe servir como advertencia técnica, no solo moral, para la región andina. La resiliencia ante desastres naturales depende directamente de la fortaleza de las instituciones democráticas y del ecosistema mediático. Un periodismo libre y profesional no es un lujo en tiempos de paz; es un mecanismo de defensa civil en tiempos de crisis. La erosión sistemática de medios como El Pitazo, Efecto Cocuyo o Armando.info ha dejado a la sociedad venezolana sin sistemas de alerta temprana informativa.
Colombia debe mantener su compromiso atlantista y pro-derechos humanos, pero con pragmatismo. La cooperación humanitaria debe condicionarse, en la medida de lo posible, a protocolos de transparencia y acceso a la información. No se trata de intervencionismo ideológico, sino de garantizar que la asistencia técnica y financiera cumpla su objetivo sin ser cooptada por la maquinaria de propaganda. La libertad de prensa en Venezuela es, hoy por hoy, una condición necesaria para la seguridad sanitaria y física de toda la cuenca andina. Ignorar este vínculo es asumir un riesgo geopolítico que nuestra región no puede permitirse.