El 26 de junio un equipo de la Superintendencia Nacional de Salud se presentó en las instalaciones de la Fábrica de Licores de Antioquia para adelantar una auditoría sobre las rentas cedidas que, por mandato legal, deben financiar parte del sistema de salud colombiano. Según reportó Caracol Radio, el superintendente Daniel Quintero anunció que los directivos de la empresa habrían negado la documentación requerida, y que la entidad interpondrá denuncia penal ante la Fiscalía, trasladará el caso a Procuraduría y Contraloría, y avanzará en un proceso administrativo con posibles multas sucesivas al amparo de la Ley 1949 de 2019.
El episodio es, como mínimo, inusual. Una empresa industrial y comercial del orden departamental, cuya razón de ser está ligada a la producción y comercialización de licores, habría obstruido una visita de inspección ordenada por el organismo de vigilancia del sector salud, según la denuncia del superintendente. Si lo que estaba en revisión era el flujo de recursos que por ley deben concurrir a la financiación del sistema, el supuesto incumplimiento colocaría a la Supersalud ante la necesidad de acreditar que la auditoría no quedó truncada. Esa es una pregunta que la propia Superintendencia tendrá que responder ante los organismos de control.
La Superintendencia sostiene que la inspección estaba priorizada desde hace más de un año y que forma parte de un plan para reactivar la vigilancia sobre las rentas cedidas en licoreras. El propio superintendente reconoció, según la misma fuente, que durante los últimos tres años la entidad no había realizado inspecciones a licoreras pese a tenerlas programadas, y que desde su llegada al cargo se han ejecutado más de 750 visitas a entidades vigiladas en Bogotá, Magdalena, Santander y Santa Marta, con Amazonas y Antioquia en la agenda inmediata. ¿Qué explica esa inactividad previa? Es una pregunta que también queda sobre la mesa.
Dos elementos adicionales merecen lectura aparte. El primero es la recusación que la Fábrica de Licores de Antioquia habría presentado contra el superintendente y uno de los superintendentes delegados por un presunto conflicto de interés, según Caracol Radio. El Ministerio de Salud la rechazó y permitió que la auditoría se reactivara. La decisión ministerial no cierra el debate sobre la idoneidad del funcionario para firmar actos en este expediente, pero sí despejó el camino para que los auditores regresaran a la sede de la empresa.
El segundo elemento es la reacción de la FLA. Si las directivas consideran que la auditoría carece de competencia o de proporcionalidad, existen los recursos administrativos y judiciales para discutirlo. ¿Es admisible, en términos del debido proceso y del respeto a la función de inspección, simplemente haber negado la información, según la denuncia del superintendente? La Superintendencia tiene facultades expresas de vigilancia y control sobre los recursos que concurren al sistema de salud, y un eventual bloqueo operativo de una visita plantearía, en la práctica, una declaración de excepción frente a esas facultades. Pero esa valoración corresponde a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la Contraloría, no a esta columnista.
La Ley 1949 de 2019 contempla multas sucesivas por desacato a los requerimientos de la autoridad de inspección. Ese es el camino administrativo, y la Superintendencia anunció que avanza en esa línea. La denuncia penal, en paralelo, apunta a configurar una presunta obstrucción a la función pública, según la versión entregada por el superintendente a Caracol Radio. Corresponderá a la Fiscalía evaluar la tipicidad de la conducta y, en su caso, a la Procuraduría y la Contraloría establecer responsabilidades disciplinarias y fiscales.
El asunto trasciende a la licorera antioqueña. Las rentas cedidas son un componente estructural del financiamiento sectorial, y la confianza en su adecuado manejo depende de que las visitas de inspección puedan concluir. Cuando un vigilado cierra la puerta, lo que queda en juego no es la disputa interna entre la FLA y la Supersalud, sino la capacidad del Estado para ejercer, sin excepciones, su función de control sobre los recursos de la salud. Esa capacidad se prueba precisamente en episodios como el que la Superintendencia denuncia.