El movimiento telúrico del 15 de agosto sacudió al Valle del Cauca y puso a prueba, una vez más, la respuesta del Estado colombiano frente a emergencias de gran escala. La solidaridad de los caleños, destacada por el presidente Abelardo De La Espriella, y la convocatoria a un concierto con Karol G y Maluma son señales positivas, pero no sustituyen la pregunta de fondo: cómo se administrarán los recursos públicos y privados que ya empiezan a llegar.
Según reportó El Tiempo, Estados Unidos anunció una ayuda por 11 millones de dólares. Es una cifra relevante que debe canalizarse por los conductos institucionales correspondientes, con reportes públicos de ejecución. La cooperación internacional, cuando se gestiona con transparencia, fortalece la capacidad estatal; cuando se maneja al margen de los controles, abre la puerta a la discrecionalidad.
La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, llamó la atención sobre la salud mental de los afectados. Es un recordatorio pertinente. Las emergencias sísmicas dejan una huella sicológica que suele ser invisible en los balances oficiales pero que termina pesando en los sistemas de salud locales durante años. El Ministerio de Salud y las secretarías departamentales deberían tener ya protocolos activos de atención psicosocial, no improvisarlos sobre la marcha.
El riesgo político de toda emergencia es el mismo: la concentración de decisiones en el Ejecutivo, la contratación directa por urgencia manifiesta sin los debidos controles, y la opacidad en la selección de beneficiarios. Colombia cuenta con el Secop II como herramienta de trazabilidad. Usarla de manera estricta en la reconstrucción no es opcional: es la diferencia entre una respuesta ejemplar y un nuevo capítulo de contratación cuestionada.
La mención presidencial de que “hay esperanza y futuro” puede sonar retórica, pero también puede leerse como un compromiso. El Valle del Cauca, y Cali en particular, necesitan algo más que mensajes esperanzadores: necesitan cronogramas de reconstrucción, veedurías ciudadanas activas y reportes periódicos de avance. La Contraloría y la Procuraduría tienen aquí una tarea inmediata de acompañamiento preventivo.
Finalmente, el concierto solidario convocado por Karol G y Maluma es una expresión cultural legítima que puede amplificar la visibilidad de la emergencia. Pero el país no debe confundir la visibilidad mediática con la profundidad institucional. La reconstrucción del Valle se medirá en viviendas entregadas, escuelas funcionando y hospitales operando, no en reproducciones en redes sociales.
La emergencia del 15 de agosto dejó víctimas, daños y una oportunidad. La oportunidad es demostrar que el Estado colombiano, cuando se lo propone, puede responder con eficiencia, transparencia y respeto por los controles. La historia reciente sugiere que esa demostración no está garantizada. Por eso conviene exigirla desde el primer día.