El terremoto de magnitud 7,1 que sacudió la costa venezolana este miércoles ha generado una respuesta inmediata del presidente Abelardo de la Espriella, quien expresó su solidaridad con el pueblo vecino. Este gesto, necesario y humano, reabre sin embargo una discusión técnica que va más allá de la empatía: cómo se materializa la cooperación entre dos países con relaciones diplomáticas funcionales pero cargadas de desconfianza histórica y asimetrías institucionales profundas.
Desde La Bitácora hemos defendido siempre que la política exterior colombiana debe ser pragmática y respetuosa de los derechos humanos. El mensaje del mandatario es un acierto en el tono y en la oportunidad. No obstante, para los analistas de riesgo político y para quienes seguimos la relación bilateral desde Bucaramanga, la verdadera prueba no está en el comunicado de prensa, sino en la capacidad operativa para desplegar asistencia sin que esta sea instrumentalizada por el régimen de Caracas ni bloqueada por sus propias ineficiencias.
La brecha entre la retórica y la logística
La Dirección General Marítima (DIMAR) confirmó rápidamente que no existe amenaza de tsunami para el Caribe colombiano, lo que demuestra que nuestros sistemas de alerta temprana funcionan con la autonomía técnica que garantiza la seguridad nacional. Esa misma autonomía es la que falta en el otro lado de la frontera. Según reportes de organizaciones como Americas Society y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), la infraestructura crítica venezolana ha sufrido un deterioro acumulado que dificulta la recepción de ayuda internacional estandarizada.
Cuando ocurre un desastre natural en un Estado con instituciones debilitadas, el riesgo de que la ayuda se desvíe o se politice es alto. Colombia no puede actuar bajo la premisa de la ingenuidad. La solidaridad debe ir acompañada de protocolos claros: canales directos con agencias técnicas internacionales, verificación independiente de necesidades y coordinación con la sociedad civil venezolana, que hoy suplanta funciones estatales básicas. Si la ayuda se entrega únicamente a través de los canales oficiales del Ejecutivo venezolano, se corre el riesgo de fortalecer estructuras de control político en lugar de aliviar el sufrimiento de la población.
Un espejo para la política regional
Este evento telúrico también nos obliga a mirar el mapa hemisférico. Mientras Colombia ofrece solidaridad, otros actores regionales guardan silencio o emiten mensajes puramente ideológicos. La diferencia entre la respuesta colombiana y la de otros aliados del régimen venezolano radica en que Bogotá entiende que la vecindad geográfica impone responsabilidades que trascienden la afinidad política. Somos el primer receptor de los efectos colaterales de cualquier crisis venezolana, sea sísmica, migratoria o sanitaria.
Sin embargo, esta responsabilidad no puede traducirse en cheques en blanco. La experiencia de la última década nos enseña que la cooperación sin condicionalidad técnica termina siendo absorbida por la burocracia opaca. Es momento de que el gobierno nacional, más allá del mensaje presidencial, active los mecanismos de la arquitectura de cooperación andina y bilateral que aún sobreviven, pero exigiendo transparencia en la ejecución. Los datos del Banco Mundial y del FMI sobre la contracción económica venezolana sugieren que la capacidad de respuesta estatal ante desastres es mínima; por tanto, la ayuda externa debe suplir esa ausencia, no financiarla.
La oportunidad de una diplomacia profesional
El presidente De la Espriella ha marcado el camino correcto con su pronunciamiento. Ahora corresponde a la Cancillería y a las agencias de gestión del riesgo traducir esa voluntad en acción eficaz. En un momento donde el populismo regional tiende a usar las tragedias como plataforma discursiva, Colombia tiene la oportunidad de demostrar que la diplomacia institucionalista y pro-mercado es también la más humana, porque es la única que entiende que la ayuda real requiere orden, verificación y respeto por la dignidad del receptor, no solo por la foto del donante.
La magnitud 7,1 es un recordatorio de la fragilidad compartida. Nuestra respuesta debe ser tan sólida como nuestra geología no lo fue en el vecino: basada en hechos, en cifras verificables y en un compromiso inquebrantable con la eficacia institucional. La solidaridad sin estrategia es solo ruido; la solidaridad con protocolos es política exterior de Estado.