La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia citó a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez para el 24 de julio, en el expediente que reúne las investigaciones por las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), así como por el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo (1998). Las conductas indilgadas, de acuerdo con el comunicado del ente acusador reproducido por El Heraldo, son concierto para delinquir agravado y homicidios en persona protegida.
El período bajo examen coincide con el ejercicio de Uribe como gobernador de Antioquia. La Fiscalía, según el mismo reporte, le atribuye al entonces gobernador la presunta facilitación del accionar de una estructura paramilitar que, en esa misma versión oficial, habría operado desde la hacienda Guacharacas, un predio de su familia. La Granja dejó cuatro víctimas mortales y decenas de desplazados; El Aro, quince.
La respuesta del exmandatario llegó por la red social X. El Heraldo recogió dos mensajes. En el primero, Uribe sostiene que la Fiscalía lo cita “sin practicar las pruebas que ella decretó” y califica la diligencia como “un atropello”. En el segundo, afirma que el ente estaría tomando “revancha política” con él. La defensa, según el mismo diario, había cuestionado el llamado días antes y lo había descrito como una maniobra “con el único fin electoral”.
Conviene separar tres planos que el debate suele mezclar.
Primero, la procedencia formal de la citación. La indagatoria es una etapa reglada del proceso penal colombiano y no equivale, por sí misma, a una imputación de responsabilidad. Que la Fiscalía cite a un exmandatario tres décadas después de ocurridos los hechos no es, en abstracto, irregular: el Código de Procedimiento Penal contempla términos diferenciados según la naturaleza de las conductas, y los delitos investigados tienen un tratamiento particular. La defensa conserva el derecho a conocer el expediente, solicitar nulidades e impugnar.
Segundo, el reproche sobre pruebas no practicadas. Si el ente acusador decretó pruebas y no las evacuó antes de citar a indagatoria, el debido proceso ofrece mecanismos concretos: solicitud de suspensión de la diligencia hasta su práctica, o impugnación ante el juez de control de garantías. La crítica del exmandatario, en los términos recogidos por la prensa, es procesal, no sustancial. Corresponde demostrarla dentro del expediente, no en la red social.
Tercero, la lectura política. Es inevitable que el calendario procesal se cruce con el ciclo electoral y con el cierre del actual período de gobierno. Esa coincidencia, sin embargo, no convierte automáticamente la actuación en persecución, como tampoco la convierte en absolución anticipada. La independencia de la Fiscalía debe presumirse mientras no se demuestre lo contrario, del mismo modo que la presunción de inocencia debe acompañar al investigado hasta una sentencia ejecutoriada.
Lo que está en juego excede la figura de un exmandatario. El Aro y La Granja son episodios documentados del conflicto armado colombiano, con víctimas identificadas, desplazamientos forzados e incendio de viviendas. Treinta años después, el sistema judicial tiene la obligación de avanzar en el esclarecimiento, con o sin ruido político alrededor. Las víctimas de Ituango merecen una respuesta que no quede atada al calendario electoral de ningún actor.
La defensa ejercerá los recursos que el Código le otorga. La Fiscalía deberá sostener su hipótesis con pruebas legalmente obtenidas. Y la opinión pública haría bien en leer los trinos con la misma distancia con que debería leer los comunicados oficiales: ninguno de los dos sustituye al expediente.