La Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia notificó al ex presidente Álvaro Uribe Vélez de una nueva citación a indagatoria. Según reportó El Diario de Pereira, el expediente agrupa cuatro capítulos: las masacres de El Aro y La Granja, la muerte del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y hechos vinculados a la hacienda Guacharacas. El exmandatario calificó la decisión como una “injusticia” y denunció presiones políticas.
Lo que se juega en este proceso no es la situación de un ciudadano, por influyente que haya sido. Es la credibilidad de un aparato investigativo que durante años ha sostenido que puede perseguir a figuras de cualquier orilla sin pedir autorización política. La indagatoria no equivale a una condena: es una etapa previa al juicio, el momento procesal en el que el investigado escucha los cargos y resuelve si declara. Aun así, en Colombia pesa tanto el ritual como el resultado, y una citación de esta naturaleza contra un ex presidente reconfigura el escenario.
Conviene repasar el contexto. El proceso penal por manipulación de testigos y soborno ya recorrió la Corte Suprema —que en 2020 ordenó detención domiciliaria— y la Fiscalía, que en 2024 solicitó absolución en primera instancia. Aquella decisión dividió al país. Para algunos lectores fue el cierre de un capítulo; para otros, un indicio de politización del expediente. Ahora se abre otra puerta, con hechos distintos y con un patrón que, según investigaciones conocidas durante dos décadas, se ha asociado con la connivencia entre estructuras paramilitares y autoridades locales.
La defensa del ex presidente tiene derecho a controvertir cada prueba y a agotar los recursos disponibles. Pero el principio de igualdad ante la ley exige que el trámite avance con la misma diligencia que se aplicaría a cualquier indagado. Si la Fiscalía sostiene los cargos, deberá llevarlos hasta el juicio oral. Si no los sostiene, debe decirlo con la misma claridad con que los anunció. Las declaraciones públicas del investigado no reemplazan al expediente, del mismo modo que la indignación ciudadana no reemplaza al juez.
El riesgo, como en cada episodio de esta saga, es que el debate jurídico se disuelva en el debate político. ¿Se está evaluando la prueba, o el origen del funcionario que la presenta? La independencia judicial no se defiende con aplausos en plaza pública ni con editoriales a la carta. Se defiende con autos motivados, audiencias públicas y sentencias que se leen completas. La Fiscalía debe exhibir las pruebas que tiene, no solo el cronograma que cumple. Y la ciudadanía debe exigir resultados, no lealtades.
Colombia lleva demasiados años esperando verdad y justicia por las masacres de los años noventa. El Aro, La Granja, el nombre de Jesús María Valle y los hechos de Guacharacas no son piezas de un expediente contra un ex presidente: son heridas abiertas en la memoria de comunidades enteras. Si este proceso avanza con rigor, no se le hace un favor a nadie: se le devuelve al Estado una parte de la legitimidad que perdió cuando esos hechos ocurrieron y cuando, durante años, quedaron sin investigación.
La citación ya está hecha. Ahora viene lo difícil: demostrar que la justicia colombiana puede mirar hacia atrás sin que el presente la distraiga.