El presidente electo Abelardo de la Espriella designó a Ana María Vesga Gaviria como ministra de Salud, según reportó El Pilón de Valledupar. La decisión se conoce en un momento que el propio sector describe como crítico: EPS intervenidas o en proceso de liquidación, quejas reiteradas por demoras en la entrega de medicamentos y una Unidad de Pago por Capitación cuya suficiencia es objeto de debate desde hace varios años.
Vesga Gaviria es abogada de la Universidad de los Andes y, de acuerdo con la reseña publicada por El Pilón, cuenta con estudios de posgrado en economía del medicamento cursados en Barcelona y formación complementaria en alta dirección. Su trayectoria se ha desarrollado, según la misma fuente, en la discusión de políticas públicas del sector y en la articulación entre actores públicos y privados.
El perfil es pertinente para la cartera que va a ocupar. La economía de la salud es el campo donde se decide si un sistema aguanta o colapsa: flujo de caja de las aseguradoras, suficiencia de la UPC, contratos con la red hospitalaria y precios de medicamentos son variables que se mueven al mismo tiempo. Una ministra que entiende esos números tiene, en principio, más herramientas que una que llegue a aprenderlos sobre la marcha.
Pero el diagnóstico técnico no resuelve el problema político. La crisis del sistema no es solo de balances: es de gobernanza. Las EPS intervenidas por la Superintendencia Nacional de Salud acumulan deudas con clínicas y hospitales, y esos pasivos terminan trasladándose a los usuarios en forma de filas, autorizaciones negadas y tratamientos interrumpidos. La próxima ministra deberá decidir si mantiene el modelo de aseguramiento con ajustes, si avanza hacia una reforma estructural o si administra la transición sin que el paciente pague los costos.
Hay, además, un calendario regulatorio que no espera. La Ley Estatutaria de Salud, los autos de la Corte Constitucional sobre financiamiento y los decretos de habilitación financiera expedidos en los últimos años condicionan cualquier decisión ministerial. Una persona que viene del sector privado conoce de cerca esos textos, pero también conoce los límites de lo que puede cambiarse por decreto.
La pregunta, entonces, no es si Vesga Gaviria tiene el currículum. Lo tiene. La pregunta es si el próximo gobierno le dará margen para tomar decisiones impopulares: ajustar la UPC, ordenar la liquidación de EPS inviables, exigir auditoría real sobre los recursos públicos que manejan los aseguradores. Sin ese margen, la formación técnica será un adorno biográfico y no una herramienta de gobierno.
Por ahora, lo único cierto es el nombre. El resto depende de cómo se conforme el equipo económico, de cuál será la posición del próximo Ministerio de Hacienda frente al gasto en salud y de si el Congreso acompañará o bloqueará las decisiones que se anuncien desde la cartera. El sistema, mientras tanto, sigue funcionando a crédito, y los pacientes, esperando.