El próximo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, asumirá el mando con un sistema de salud en estado crítico. Las cifras que recoge el reportaje de Cambio, basadas en el diagnóstico de expertos consultados por ese medio, describen un cuadro que no admite improvisaciones: una cartera hospitalaria cercana a 24 billones de pesos, más de 1.039.000 reclamos ante la Superintendencia Nacional de Salud, 312.000 tutelas relacionadas con la prestación de servicios y cerca de 25 millones de afiliados bajo EPS intervenidas. A ese inventario se suma el desabastecimiento crónico de medicamentos y un gasto de bolsillo creciente que golpea directamente a los hogares.
La lectura de los especialistas coincide en un punto que conviene tomar en serio antes de abrir cualquier debate sobre modelos: la prioridad inmediata no es diseñar una nueva arquitectura institucional, sino detener el deterioro operativo. Luis Jorge Hernández, epidemiólogo y profesor de la Universidad de los Andes, lo resumió en términos de flujo de caja y continuidad asistencial. Yesid Esneider Ramírez Moya, de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, insistió en la misma dirección: pagos oportunos vinculados a resultados verificables, actualización de la UPC y auditoría sobre la contratación.
Desde esta línea editorial, el diagnóstico obliga a una conclusión incómoda para quienes piden refundar el sistema: cualquier reforma que se discuta sin antes resolver la crisis de liquidez será papel mojado. La separación de funciones entre rectoría, financiamiento, aseguramiento y prestación, que Hernández propone, y la conversión de la ADRES en pagador único son ideas técnicamente defendibles, pero requieren un piso financiero que hoy no existe. Reordenar el organigrama con hospitales sin nómina garantizada es un ejercicio de cosmética institucional.
Hay además un componente de confianza que el reportaje menciona y que merece subrayado. Hernández atribuye a la gestión del gobierno saliente la ruptura de legitimidad entre los actores del sistema. Si esa lectura se confirma en los próximos meses, la tarea del nuevo gobierno no será solo técnica sino política: reconstruir los acuerdos mínimos con prestadores, aseguradores y pacientes. Esa reconstrucción no se decreta. Se negocia con cifras, con resultados auditables y con reglas claras para todos los actores.
La discusión sobre territorialidad también aparece en el reportaje y debería incorporarse al debate. Wilson Giovanni Jiménez Barbosa, de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, señala que Colombia no puede seguir legislando bajo el supuesto de un territorio homogéneo. La diferencia entre un paciente en Bogotá y uno en Vaupés no es un matiz: es la variable que define si el sistema funciona o simplemente existe en el papel. Atención primaria, prevención y redes regionales son capítulos pendientes desde hace décadas.
Para La Bitácora, la herencia que recibe De la Espriella en salud es la misma que限制了 cualquier gobierno: un sistema que necesita caja antes que arquitectura, resultados antes que consignas, y auditoría antes que anuncios. La presión por una reforma estructural será intensa, pero la evidencia reunida por Cambio indica que el primer año debería concentrarse en estabilizar, no en refundar. Quien invierta ese orden pagará el costo en tutelas, en quejas y, sobre todo, en pacientes.
La próxima administración tendrá que decidir si toma ese camino o si prefiere repetir el error de legislar en el vacío. Los números ya están sobre la mesa.