El 12 de junio de 2026, un joven que participaba en la Marcha del Agua en Bucaramanga, en apoyo a la candidatura de Iván Cepeda Castro, publicó un video denunciando haber sido golpeado y arañado por una mujer que, según su relato, lo habría insultado llamándolo “guerrillero”. El presidente Gustavo Petro reaccionó en su cuenta de X citando a la Fiscalía General de la Nación y calificó a la agresora, sin identificarla, como una madre a la que “llenaron de odio, con mentiras irradiadas con inteligencia artificial bien paga”.
Un día después, el 13 de junio, la alcaldía de Chía, en cabeza de Leonardo Donoso, reportó un hecho de signo inverso: tres personas fueron capturadas tras agredir con armas blancas —cuchillos y machetes, según la denuncia— a voluntarios de la campaña de Abelardo de la Espriella. Una mujer adulta mayor resultó herida de gravedad, según el relato de Jaime Andrés Beltrán, gerente nacional de regiones de esa campaña y exalcalde de Bucaramanga. Beltrán pidió judicialización y calificó los hechos como “casi delincuenciales”.
Dos episodios distintos, dos víctimas, dos universos políticos. Lo notable no es la violencia —que ninguna democracia madura tolera— sino el contraste en la respuesta presidencial. Petro salió de inmediato a condenar la agresión al simpatizante de Cepeda, a exigir intervención de la Fiscalía y a sugerir que la agresión fue inducida por desinformación. Sobre lo ocurrido en Chía, donde los lesionados son simpatizantes de un candidato de derecha, el pronunciamiento fue, hasta el cierre de esta columna, inexistente.
La Bitácora ha sido crítica del gobierno Petro en muchos frentes, pero precisamente por eso es pertinente recordar un criterio elemental: la condena a la violencia política no puede depender de a quién le tocan la cara. Si el presidente utiliza la mayor tribuna del Estado para movilizar a la Fiscalía cuando la víctima está en su órbita, tiene la misma obligación de pronunciarse cuando los agredidos son adversarios. El silencio selectivo alimenta la percepción, cultivada desde el propio Pacto Histórico, de que ciertas formas de violencia son legítimas si se ejercen contra el “enemigo político”.
Hay un segundo punto que merece subrayado. Petro atribuyó la agresión de Bucaramanga a “mentiras irradiadas con inteligencia artificial bien paga”. Es una hipótesis que debe probar la Fiscalía, no el jefe de Estado. Presentar como hecho probado una campaña de desinformación antes de cualquier investigación es invertir la presunción de inocencia y convertir un trino presidencial en una imputación de autoría intelectual contra terceros no identificados. La insinuación de que hay operadores políticos financiando deepfakes para azuzar agresiones debe canalizarse por los conductos judiciales, no por la red social.
A esto se suma un dato institucional que no puede pasar inadvertido: en Chía hubo capturas, mientras que en Bucaramanga, hasta ahora, no se reportan personas aprehendidas. La diferencia no es menor. Si la Fiscalía actúa con la misma velocidad y rigor en ambos casos —incluyendo la identificación y judicialización de los agresores de Chía—, se restablecerá un principio básico: la ley se aplica por igual a quienes portan machetes en un parque y a quienes arañan en una marcha.
A 14 meses de la elección presidencial, la campaña comenzó a parecerse demasiado a la de 2022: radicalización en redes, microenfrentamientos callejeros, candidatos que miden quién insulta más fuerte y un gobierno que solo se indigna cuando la sangre cae en su parcela. La invitación, que este medio hace con la misma vehemencia con la que critica al Ejecutivo, es a que las autoridades electorales, la Fiscalía y los comandos de campaña condenen toda agresión, vengan de donde vengan. Y a que el presidente deje de tratar la violencia como un capítulo de su propia narrativa épica.