Las negociaciones entre Washington e Irán sobre el control del Estrecho de Ormuz han entrado en una fase crítica. Según reportes de la agencia iraní Tasnim, los negociadores avanzan hacia un borrador de acuerdo, aunque con obstáculos sustanciales que aún podrían hundirlo. Para Colombia y la región andina, este proceso tiene implicaciones que van mucho más allá de Teherán o Washington.
Por qué Ormuz importa en Bogotá
El Estrecho de Ormuz es el cuello de botella energético del mundo. Por allí transita aproximadamente el 20 por ciento del petróleo comercializado globalmente, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Cualquier acuerdo que reduzca la tensión en esa zona afecta directamente el precio del barril, y por tanto la renta petrolera colombiana.
Colombia exporta alrededor de 750 mil barriles diarios. Un acuerdo que estabilice Ormuz podría significar una caída de precios por menor prima de riesgo geopolítico. Eso es malo para las arcas fiscales en Bogotá, pero potencialmente bueno para la inflación de los consumidores colombianos y para sectores que compiten con importaciones.
El nudo de las negociaciones
Según Tasnim, el borrador enfrenta resistencia estadounidense en cláusulas clave. No se especifica cuáles, pero el patrón histórico sugiere que giran alrededor de inspecciones nucleares, levantamiento de sanciones y garantías de tránsito marítimo sin interferencias. Irán ha insistido históricamente en que cualquier acuerdo respete su “soberanía” en aguas territoriales, mientras que Washington demanda libertad de navegación sin restricciones para buques comerciales y militares.
Este es un clásico dilema de seguridad internacional: lo que Teherán llama defensa territorial, Washington lo llama bloqueo potencial. Ambas partes tienen razón parcialmente, y por eso los acuerdos en estos temas son tan frágiles.
Escenarios para la región andina
Si el acuerdo prospera, el precio del petróleo podría caer entre 5 y 15 dólares por barril en el mediano plazo, según estimaciones de consultoras de riesgo. Eso reduciría ingresos tributarios en Colombia, Perú y Ecuador, pero también aliviaría presiones inflacionarias en toda la región.
Si fracasa, la tensión geopolítica en el Golfo Pérsico se intensificaría. Eso elevaría las primas de riesgo, encarecería el petróleo y beneficiaría a productores andinos a corto plazo, pero crearía volatilidad que desalienta inversión en exploración y refinación.
La postura colombiana debe ser clara
Colombia no es actor en estas negociaciones, pero sí es víctima de sus resultados. El gobierno debe monitorear activamente el proceso y preparar escenarios fiscales para ambos desenlaces. Una caída de precios requiere ajustes presupuestarios anticipados; una escalada de tensiones requiere diversificación de mercados y protección de infraestructura energética.
Además, Colombia debe evitar la tentación de alinearse retóricamente con Washington o Teherán. Nuestra posición debe ser clara: apoyamos acuerdos que reduzcan tensión geopolítica, que respeten el derecho internacional y que no comprometan la libertad de navegación comercial. Eso es institucionalismo, no neutralidad falsa.
El riesgo de la incertidumbre
Lo más peligroso ahora es la incertidumbre prolongada. Los mercados de futuros de petróleo ya están descontando la posibilidad de un acuerdo, pero si las negociaciones se estancan durante meses, la volatilidad se dispara. Eso afecta directamente los presupuestos de Ecopetrol, las decisiones de inversión extranjera en exploración, y por tanto el empleo en regiones productoras como Arauca y Casanare.
Washington debe entender que un acuerdo con Irán que estabilice Ormuz es un bien público global. Para Colombia, eso significa menores ingresos petroleros pero mayor estabilidad macroeconómica. Es un trade-off que vale la pena, siempre que el acuerdo sea verificable y duradero.