La reforma agraria y jurisdicción agraria permiten acceso a justicia rural con jueces territoriales.
La jurisdicción agraria especializada es legítima en principio, pero requiere garantías institucionales robustas. Como advierte Mauricio Vélez Camargo en "La tensión entre lucro y derechos no se resuelve con populismo judicial", crear juzgados territoriales sin blindar su independencia frente a presiones políticas corre el riesgo de instrumentalizar la justicia. La efectividad depende de magistrados autónomos, no de proximidad ideológica al ejecutivo.