La cifra es contundente: 123.000 mesas de votación operarán en la primera vuelta presidencial de 2026. Es un número que debería tranquilizar. En cambio, genera una pregunta incómoda que la Registraduría Nacional del Estado Civil aún no responde con claridad: ¿bajo qué protocolo específico se protegerá cada una?
La seguridad electoral no es un tema menor. Es el fundamento del Estado de derecho. Sin garantías creíbles de que el voto se cuente como se emitió, la legitimidad de cualquier resultado se erosiona. Colombia lo sabe por experiencia: hemos visto cómo grupos armados ilegales han intentado cooptar territorios completos, cómo funcionarios locales han desviado recursos, cómo la corrupción ha permeado procesos que debían ser blindados.
Expertos consultados por medios nacionales han señalado que existen desafíos reales. Algunos de ellos son obvios: la cobertura territorial en zonas de difícil acceso, donde la presencia estatal es débil y donde grupos armados mantienen influencia. Otros son menos visibles pero igual de críticos: la capacitación de jurados de votación, la cadena de custodia de actas, la verificación de identidad en territorios donde el registro civil es deficiente.
Lo que falta es transparencia. La Registraduría ha anunciado que “todo está listo”, pero ese anuncio no va acompañado de un documento público que especifique: cuántos observadores electorales serán desplegados, bajo qué criterios se seleccionarán, qué autoridades tendrán competencia en cada mesa, cómo se reportarán irregularidades en tiempo real, qué sucederá si hay interferencia de actores armados.
El Ministerio del Interior, responsable de la seguridad pública durante los comicios, tampoco ha publicado su plan operativo completo. Se conocen fragmentos: despliegue de Policía, Ejército, Armada. Pero los detalles operacionales, los mapas de riesgo territorial, las decisiones sobre dónde se concentrarán recursos, permanecen en documentos clasificados o simplemente no existen en forma sistematizada.
Eso es un problema. No porque haya que revelar cada movimiento de seguridad —hay información que legítimamente debe ser reservada—, sino porque la ausencia de un marco público genera desconfianza. Los candidatos pueden alegar fraude sin evidencia. Los observadores internacionales no pueden evaluar si el sistema es robusto. Los ciudadanos no saben si sus votos estarán realmente protegidos.
Colombia tiene instituciones electorales que funcionan mejor que las de muchos países de la región. La Registraduría, a pesar de sus limitaciones presupuestales, ha mejorado sus sistemas. Pero la confianza no se construye solo con cifras de mesas habilitadas. Se construye con transparencia, con protocolos públicos, con rendición de cuentas.
Para la primera vuelta de 2026, la Registraduría debería publicar: el protocolo de seguridad en cada tipo de territorio, los criterios para seleccionar y capacitar jurados, el plan de observación electoral, la estructura de reporte de irregularidades, y los acuerdos específicos con las autoridades de seguridad. No todo debe ser secreto. Lo que sí debe ser secreto —operaciones tácticas, ubicación de recursos en tiempo real— puede permanecer clasificado.
El desafío no es solo proteger 123.000 mesas. Es protegerlas de forma que el país pueda verificar que fueron protegidas. Eso es lo que aún está pendiente.