La apelación al voto como remedio institucional es recurrente en momentos de crisis. Acudir a las urnas “en paz” suena como una solución completa, pero oculta un diagnóstico incompleto del problema que enfrenta el país.
Es cierto que una Colombia unida requiere legitimidad electoral. El voto libre es, en efecto, un mecanismo irreemplazable de representación. Pero la experiencia de los últimos quince años sugiere que las urnas por sí solas no restauran la confianza en las instituciones cuando estas han sido erosionadas sistemáticamente.
Entre 2010 y 2025, Colombia realizó múltiples procesos electorales sin interrupciones. Hubo paz electoral en la mayoría de ellos. Sin embargo, durante ese período la Contraloría reportó hallazgos de corrupción en contratación pública por cifras que superaron los 50 billones de pesos. La Fiscalía abrió investigaciones contra decenas de congresistas. La Corte Constitucional tuvo que intervenir en decisiones que correspondían al Ejecutivo. Las instituciones de control fueron debilitadas mediante decretos y presupuestos insuficientes.
El voto libre no impide que un funcionario electo incurra en peculado. No detiene la captura regulatoria de entidades del Estado. No obliga a la Rama Judicial a actuar con independencia si carece de recursos o está sometida a presión política.
Lo que el país necesita no es solo paz electoral, sino paz institucional. Eso requiere tres cosas que están fuera del alcance del acto de votar: primero, jueces independientes que investiguen y condenen sin presión política; segundo, órganos de control con autonomía presupuestal y administrativa; tercero, una separación de poderes que funcione en la práctica, no solo en el papel.
Bogotá 2026 será año electoral. Es probable que haya paz en las urnas. Pero si la próxima administración continúa con la práctica de debilitar la Fiscalía, de nombrar magistrados afines, de usar decretos para eludir el Congreso, ningún voto habrá reparado nada.
La legitimidad electoral es el punto de partida, no el destino. Una institución legítima que emerge de las urnas puede convertirse en ilegítima si, una vez en el poder, viola el Estado de derecho. La historia reciente de América Latina lo demuestra.
Colombia necesita paz electoral, sí. Pero también necesita que esa paz electoral desembarque en instituciones que funcionen: una Fiscalía que investigue sin temor, una Contraloría que audite sin represalias, una Corte que falle sin cálculo político. Eso no se vota. Se construye.