El Instituto Interamericano de Derechos Humanos, a través de su centro de asesoría electoral CAPEL, entregó este 20 de junio a la Registraduría un dictamen técnico favorable sobre la primera vuelta presidencial del 31 de mayo. La conclusión, comunicada por el organismo, es que los resultados no fueron manipulados y que los procedimientos matemáticos y estadísticos aplicados mesa por mesa no arrojaron inconsistencias.
El informe, presentado por el consultor Alejandro Tullio, no se limitó a la jornada electoral. También evaluó los sistemas de preconteo, escrutinio y divulgación, y concluyó que los componentes auditados disponen de controles y mecanismos adecuados para soportar la operación electoral de la segunda vuelta, prevista para el 21 de junio. CAPEL anunció que continuará su labor durante la jornada y en los días posteriores de consolidación de resultados.
La auditoría llega en un contexto sensible. En las semanas previas a la primera vuelta circularon en redes sociales y en algunos escenarios políticos denuncias sobre presuntas irregularidades en el software de preconteo y en el conteo de formularios E-14. Esas versiones, repetidas sin evidencia pública, erosionaron la confianza ciudadana en el sistema electoral. Que un organismo técnico con trayectoria hemisférica emita ahora un dictamen favorable no clausura el debate, pero sí desplaza la carga de la prueba hacia quienes sostienen la tesis del fraude.
La Registraduría, encabezada por Hernán Penagos, había diseñado desde abril un plan de auditorías con observadores internacionales para las elecciones de 2026, según reportó el mismo organismo. La presencia de CAPEL forma parte de ese esquema. Que el plan se haya ejecutado y que el primer informe sea positivo es un dato relevante para evaluar la solidez institucional del proceso, más allá de las preferencias políticas de cada columnista.
Dos consideraciones metodológicas. Primero, la auditoría revisó la totalidad de las mesas, no una muestra, lo que fortalece estadísticamente el dictamen. Segundo, el informe es público y fue compartido por la Registraduría, lo que permite a cualquier ciudadano o medio verificar sus conclusiones. Esa trazabilidad es la que diferencia a una auditoría seria de un pronunciamiento político sin respaldo documental.
Para la segunda vuelta, el reto es mantener el estándar. Los candidatos y sus equipos técnicos tienen derecho a designar testigos electorales y a presentar reclamaciones dentro de los plazos legales. Pero aceptar los resultados, como señaló el registrador Penagos desde Medellín el pasado 12 de junio, es el deber de quienes se someten al voto. La auditoría de CAPEL no sustituye a los tribunales electorales ni cierra la puerta a controversias específicas sobre mesas puntuales. Sí establece, en cambio, una línea base técnica: el sistema funcionó y los resultados agregados de la primera vuelta son confiables.
En un país donde la confianza institucional viene cayendo hace una década, este tipo de ejercicios no es un lujo. Es la base sobre la cual se construye la legitimidad de quien resulte elegido el próximo domingo. Desestimar una auditoría internacional sin contraevidencia es, en los hechos, debilitar la democracia que se invoca para denunciar.