El Ministerio de Agricultura anunció hace poco un plan de inversión superior a 146 mil millones de pesos para mitigar los efectos de un posible fenómeno de El Niño de alta intensidad. La iniciativa incluye subsidios para fertilizantes, sistemas de almacenamiento de agua y apoyo directo a productores en 421 municipios. En paralelo, se activará un Puesto de Mando Unificado para monitoreo climático y alertas tempranas coordinadas con el ICA y Agrosavia.
La medida responde a advertencias del IDEAM, DIMAR y UNGRD que proyectan una consolidación del 96% del fenómeno para finales de 2026 y comienzos de 2027. Los datos justifican la urgencia: según el ministerio, el sector rural concentra el 82% de las pérdidas ocasionadas por sequías, con impactos históricos en cultivos, ganadería y precios de alimentos básicos.
Sin embargo, la respuesta del gobierno presenta un problema estructural que trasciende el anuncio de este año. Los 146 mil millones de pesos son un parche presupuestal sobre una herida que requiere cirugía institucional.
Primero, la arquitectura de la respuesta sigue siendo reactiva. Subsidios para fertilizantes y campañas informativas son útiles, pero no resuelven la escasez crónica de infraestructura de riego en el país. Colombia tiene una de las tasas más bajas de cobertura de riego en América Latina: según datos del Banco Mundial, apenas el 6% de la tierra cultivable cuenta con sistemas de riego tecnificado. En comparación, Perú alcanza el 32% y México el 23%. Eso significa que cuando llega El Niño, la mayoría de los productores no tienen herramientas para adaptarse más allá de rezar.
Segundo, el anuncio no especifica cómo se ejecutarán esos recursos ni qué mecanismo de contratación se usará. La experiencia con planes de emergencia agrícola en Colombia muestra que la velocidad de desembolso es lenta y que los recursos frecuentemente se dispersan en contratación directa sin licititud competitiva. En 2015 y 2016, durante la última crisis de El Niño, la Contraloría reportó ejecución deficiente de fondos destinados a productores pequeños y medianos. No hay en el comunicado del ministerio referencias a cronograma de desembolsos, auditoría independiente o mecanismos de verificación de llegada de recursos a beneficiarios finales.
Tercero, la inversión anunciada es marginal comparada con lo que se requeriría para una transformación real. Modernizar sistemas de riego en 421 municipios, construir reservorios de agua y mejorar drenaje en suelos vulnerables exigiría inversiones en el rango de billones de pesos, no miles de millones. El gobierno actual ha destinado recursos limitados a infraestructura hídrica, priorizando otros sectores.
Cuarto, falta claridad sobre cómo se definirán los 421 municipios beneficiarios y bajo qué criterios se asignarán los subsidios. En ejercicios anteriores, la focalización ha sido deficiente, con recursos llegando a municipios de menor vulnerabilidad mientras otros quedan excluidos.
El Puesto de Mando Unificado es una buena práctica de coordinación interinstitucional. Las alertas tempranas del IDEAM son valiosas. Pero sin infraestructura de base, sin sistemas de riego, sin reservas de agua estratégicamente ubicadas, la coordinación solo sirve para organizar mejor la escasez.
Lo que el país necesita es un plan decenal de inversión en infraestructura hídrica agrícola, con presupuesto multianual, licitaciones públicas transparentes y metas verificables de cobertura de riego. Eso requiere decisiones políticas difíciles sobre priorización de gasto público y acuerdos con gobiernos locales. Es más fácil anunciar 146 mil millones en mayo que reformar la estructura de financiamiento agrícola.
El fenómeno de El Niño llegará. El dinero anunciado ayudará a algunos productores. Pero sin cambios estructurales, Colombia seguirá siendo vulnerable a cada ciclo climático, gastando recursos en parches mientras la sequía devasta cultivos y suministros de agua. El gobierno acierta en anticiparse. Pero se equivoca en conformarse con una respuesta de corto plazo cuando el problema exige visión de largo plazo.