El presidente electo Abelardo de la Espriella aseguró el domingo, en su alocución habitual, que la adecuación de la futura sede presidencial en el Batallón Paraíso, en Barranquilla, no costará un peso del erario. Según reportó El Colombiano, el mandatario electo afirmó que el mobiliario, cuyo costo estimó en 700 millones de pesos, lo pagará con recursos propios y anunció que hará públicas las facturas. El resto, agregó, se financia con aportes voluntarios de empresarios barranquilleros.
Sin embargo, esa versión convive con otra. El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano, declaró la semana anterior a Blu Radio que la Gobernación destinaría alrededor de 2.000 millones de pesos a las adecuaciones. Y, según confirmó a La Silla Vacía, el empresario Christian Daes, presidente de Tecnoglass, habría aportado puertas y ventanas para la remodelación. Dos relatos sobre el mismo dinero circulan sin que, hasta ahora, exista una explicación oficial que los concilie.
La opacidad no es un detalle menor. Según Caracol Radio, la remodelación registra un avance cercano al 80 % y serían más de 400 los trabajadores en el sitio. A eso se suma, según la misma fuente, un búnker subterráneo preexistente que sería reconvertido en sala de coordinación contra el narcotráfico. La envergadura del proyecto exige, por sí misma, transparencia contable.
¿Qué se necesita para cerrar la discusión? Tres cosas verificables, no retóricas. Primero, si hay aporte privado, el listado de donantes, montos y facturas que el propio presidente electo prometió publicar. Segundo, si hay recursos de la Gobernación del Atlántico, el rubro, el contrato y el mecanismo de contratación. Tercero, si hubo donaciones en especie como las reportadas a La Silla Vacía, el convenio o acta que respalde la entrega. Cualquiera de los tres escenarios es legítimo; lo que no lo es es la ausencia de papeles.
De la Espriella también rechazó las críticas al señalar que no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, sino remodelando una edificación de arquitectura neoclásica ya existente dentro de la Segunda Brigada del Ejército. La explicación arquitectónica es atendible. No resuelve, en todo caso, la pregunta de fondo: cómo se concilia la afirmación de financiación enteramente privada con un aporte departamental de 2.000 millones de pesos y donaciones empresariales en especie.
El debate institucional va más allá de la obra. El politólogo Felipe Murillo, citado por El Colombiano, explicó que la decisión no constituye descentralización en sentido estricto, pues no traslada competencias a las regiones. En la misma línea, el profesor de la Universidad Javeriana Juan Sebastián Jiménez recordó que durante el gobierno de Rafael Núñez, cuando el poder despachó desde Cartagena, el país siguió funcionando bajo un modelo centralista. El simbolismo, cuando no va acompañado de rediseño institucional, es solo mudanza.
La defensa de la institucionalidad exige el mismo rigor frente a quien gobierna y frente a quien asume el poder. Si De la Espriella quiere que se le tome la palabra, el primer paso es entregarla: facturas, contratos, donaciones y rubros publicados sin esperar a la presión periodística. La credibilidad de un gobierno que arranca prometiendo austeridad se construye, sobre todo, en las primeras semanas. Las palabras de domingo deben convertirse, el lunes, en documentos verificables.