La gobernadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, propuso la creación de un banco de materiales de construcción para atender a los damnificados por el sismo de magnitud 7,4 que sacudió al país. La iniciativa, según reportó El Colombiano, busca reunir insumos públicos y privados y distribuirlos entre los hogares afectados, con prioridad para las viviendas con daños parciales. Cada entrega estaría respaldada por una evaluación profesional de habitabilidad, para lo cual la mandataria solicitó apoyo de la Sociedad Colombiana de Ingenieros y de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Sísmica.
La propuesta tiene sentido práctico. En una emergencia de esta magnitud, los tiempos de la contratación pública formal no se compadecen con la urgencia de una familia que perdió su techo. Permitir que hogares con capacidad técnica ejecuten reparaciones directas, con materiales entregados por el Estado y bajo un dictamen de seguridad, es una vía razonable para acortar la respuesta. También lo es convocar a los gremios de ingeniería, dado que el Chocó carece del personal técnico suficiente para evaluar miles de estructuras en pocas semanas.
Sin embargo, el banco de materiales no puede convertirse en el centro de la política de reconstrucción. Es un instrumento, no una estrategia. Y lo que el departamento necesita, según el mismo reporte, es algo bastante más estructural.
El balance oficial da cuenta de 14 personas fallecidas, 138 lesionadas y 5 desaparecidas. En Quibdó colapsó el edificio Aprivapa, donde murieron seis personas, entre ellas un menor de seis años. En San José del Palmar, municipio epicentro, se reportaron 20 viviendas destruidas y 400 dañadas, además de un aislamiento terrestre total por derrumbe y la pérdida de energía eléctrica y señal de celular. En total, el departamento registra 3.166 afectaciones materiales en infraestructura pública y privada.
A esa cifra se suma una crisis sanitaria previa al sismo. El Chocó no cuenta con ningún hospital de tercer nivel. El único de segundo nivel, el San Francisco de Asís de Quibdó, colapsó a los pocos minutos de la emergencia y agotó sus insumos biomédicos básicos. El Gobierno Nacional y las autoridades departamentales debieron coordinar el traslado aéreo de los pacientes más graves hacia Medellín, que declaró emergencia roja hospitalaria para recibirlos.
Dicho de otro modo: la emergencia no comenzó el día del temblor. El Chocó venía operando con una capacidad hospitalaria que cualquier desastre mediano desbordaba. El sismo solo hizo visible lo que las cifras de contratación, inversión y cobertura venían señalando.
Por eso, junto con el banco de materiales, la reconstrucción debería poner sobre la mesa tres preguntas que la propuesta de la Gobernación, al menos en lo reportado, no resuelve. Primera, cómo se financiará la reposición de la infraestructura pública destruida —escuelas, acueductos, vías terciarias— y bajo qué modalidad contractual. Segunda, qué plan de reforzamiento hospitalario se ejecutará antes de que concluya la emergencia, dado que un nuevo evento dejaría al departamento sin capacidad de respuesta. Tercera, qué ruta seguirá la reconstrucción de las 400 viviendas dañadas en San José del Palmar y de las estructuras colapsadas en Quibdó, que requieren intervención técnica integral y no solo insumos.
La convocatoria a los gremios de ingeniería es un paso en la dirección correcta. Pero la sola presencia de ingenieros no sustituye la necesidad de un plan de reconstrucción con cronograma, responsables y fuentes de financiamiento claramente identificados. Tampoco sustituye la necesidad de articular la entrega de materiales con la oferta de asistencia técnica para las familias que, según la propia gobernadora, no pueden esperar los trámites formales del Estado.
El banco de materiales puede ser útil. Lo que no puede ser es un sustituto de la política de reconstrucción que el Chocó necesita desde hace años y que el terremoto volvió urgente.