Un movimiento telúrico de magnitud 7,4 sacudió el lunes 10 de agosto de 2026 el occidente colombiano, con epicentro en el Chocó. Entre las víctimas mortales reportadas por fuentes oficiales se encuentra un menor de seis años que, según la Administración municipal de Bahía Solano, falleció tras el desplome del edificio de su colegio en Quibdó. El caso fue documentado por Infobae Colombia.
El relato reabre un debate que el país arrastra desde hace décadas: cuántas instituciones educativas públicas cumplen con los estándares mínimos de resistencia sísmica. La Ley 1523 de 2012 y el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (NSR-10) fijan obligaciones claras para edificaciones escolares, pero la capacidad operativa de las entidades territoriales para ejecutarlas ha sido, en la práctica, limitada.
El Chocó es uno de los departamentos con mayor rezago en infraestructura educativa del país. Reportes de la Contraloría General de la República y del Ministerio de Educación citados en sucesivos Informes de Auditoría de Cumplimiento han señalado que la región Pacífico concentra buena parte de las sedes educativas que operan en condiciones precarias, muchas construidas antes de la entrada en vigencia de las normas sismo resistentes o adecuadas de manera informal por las comunidades. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha documentado en múltiples ocasiones la vulnerabilidad de la red hospitalaria y educativa de esa zona.
La tragedia de Quibdó no es un evento aislado. En 2023, un sismo de magnitud 6,1 con epicentro en El Calvario (Meta) reportó daños en varias sedes escolares. En 2024, tras movimientos telúricos en Santander, la Procuraduría abrió indagaciones por el estado de colegios públicos. Cada nuevo evento reactiva el debate, pero las soluciones estructurales siguen pendientes. La Contraloría ha señalado en auditorías recientes que los Planes de Gestión del Riesgo Escolar no se actualizan de manera sistemática y que la inversión en reforzamiento estructural resulta insuficiente frente al inventario de edificaciones vulnerables.
La pregunta que cabe formularse es si existe un inventario verificable de la infraestructura escolar expuesta a amenaza sísmica alta y media, con plazos ciertos de intervención. El Ministerio de Educación, la UNGRD, la Gobernación del Chocó y la Alcaldía de Quibdó tienen responsabilidades concurrentes que no pueden quedar en comunicados de condolencias. También merece atención el rol de las Empresas Promotoras de Salud y las autoridades de educación departamentales, que en eventos pasados han quedado rezagadas frente a la magnitud del desastre.
La muerte de un niño de seis años en una sede escolar, durante una jornada lectiva, no admite respuestas retóricas. Exige cifras, cronogramas y responsables identificados. La institucionalidad colombiana cuenta con los instrumentos normativos; lo que ha faltado en tragedias anteriores es la continuidad en la ejecución presupuestal y técnica.
La institucionalidad territorial del Chocó enfrenta restricciones presupuestales reconocidas por el Ministerio de Hacienda y por el propio Sistema General de Participaciones. Pero la condicionalidad presupuestal no exime a la Nación del deber de priorizar la mitigación del riesgo escolar, y obliga a la Contraloría y a la Procuraduría a vigilar el ciclo completo del gasto, desde la apropiación hasta la obra entregada.
Por ahora, Quibdó y Bahía Solano están de luto. La pregunta que queda flotando es si esta vez habrá consecuencias distintas a las condolencias, o si la siguiente tragedia volverá a encontrar a los mismos planteles sin reforzar.