Faltan menos de seis meses para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026 y el país todavía no tiene un cuadro claro de candidatos, alianzas ni, sobre todo, de relatos. La campaña avanza a paso lento, con movimientos regionales que se reactivan por inercia más que por convicción, y con un electorado que, según las encuestas disponibles, mantiene un volumen significativo de indecisos.
Como reportó Portafolio, Colombia entró en la “recta final” de la contienda electoral sin que se haya producido hasta ahora el efecto de ordenamiento que suele observarse en ciclos anteriores. En 2018 y 2022, hacia esta misma fecha del calendario, las candidaturas ya habían definido equipos económicos, habían presentado programas de gobierno en eventos formales y habían iniciado la disputa por los grandes bloques regionales. Hoy, en cambio, la conversación pública sigue dominada por la gestión del gobierno actual, por los debates en el Congreso sobre las reformas pendientes y por la expectativa sobre eventuales adhesiones de última hora.
Tres factores explican, a mi juicio, esta campaña desinflada.
El primero es la fragmentación del centro político. El bloque que en 2022 acompañó la segunda vuelta de Rodolfo Hernández —y que en buena medida explica el resultado— no logró reconstituirse como movimiento. Las figuras que orbitaron esa opción se distribuyeron entre el oficialismo, la oposición tradicional y aventuras personales sin estructura territorial. Sin un polo de centro competitivo, el sistema tiende a bipolarizarse entre el petrismo y una derecha que aún no define si competirá unificada o fragmentada.
El segundo es el peso del calendario legislativo. La discusión de la reforma a la salud, los debates sobre el sistema general de participaciones, la implementación de la ley de jurisdicción agraria y los proyectos pendientes de la reforma pensional consumen el tiempo de los congresistas, que son, en la práctica, los principales operadores políticos de cualquier candidatura presidencial. Una campaña seria requiere congresistas en territorio, no en plenarias.
El tercero es la incertidumbre sobre el calendario formal. La Registraduría aún debe resolver varios aspectos del calendario electoral, incluidos los plazos de inscripción de candidaturas, los topes de financiación y las reglas de publicidad en medios. Sin reglas claras, los equipos jurídicos de las campañas trabajan con hipótesis y los financieros con escenarios. Eso frena la toma de decisiones.
Hay, además, un dato que conviene no perder de vista: la tasa de usura se ubica en 28,79% y la tasa de interés del Banco de la República en 11,25%, según los indicadores publicados por Portafolio. Una campaña presidencial no se financia en el vacío. El costo del crédito político, la dependencia de aportes privados y la presión sobre los equipos territoriales están directamente condicionados por el costo del dinero. Una economía con tasas reales todavía altas encarece la política.
El riesgo de una campaña sin relato es conocido. Cuando el electorado no encuentra una narrativa competitiva, termina votando por el miedo, por la antipatía o por la inercia del voto de maquinaria. Las elecciones de 2022 mostraron que esa dinámica puede producir resultados inesperados, incluido un gobierno sin mayoría legislativa propia. La pregunta para los próximos meses es si los actores políticos están en condiciones de ofrecer algo distinto a la repetición de los mismos esquemas.
La recta final, como la llamó Portafolio, no empezó. Empieza ahora, y el reloj corre.