El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el levantamiento de aranceles a Colombia a partir del 1 de junio de 2026, según reportó Caracol Radio. El anuncio fue hecho tras una conversación directa con Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia de Colombia. Según la declaración de Noboa, se alcanzaron acuerdos sobre cooperación comercial, energética y de seguridad, incluyendo entrega de delincuentes y tarifas energéticas.
La transacción comercial en sí podría ser positiva. Lo preocupante es el canal elegido para negociarla.
Un candidato presidencial no es un negociador legítimo de asuntos de Estado. La extradición de delincuentes, los tratados comerciales y los acuerdos energéticos son competencia del gobierno en funciones, específicamente del Ministerio de Relaciones Exteriores. La pregunta institucional que surge es: ¿qué autoridad tiene un aspirante a la presidencia para comprometer al Estado en acuerdos internacionales antes de asumir el cargo?
Noboa explicó que los aranceles fueron impuestos para proteger la frontera ecuatoriana y combatir el crimen transnacional. Su reversión, entonces, no es un ajuste técnico sino una decisión política con implicaciones inmediatas. La pregunta que debe formularse es: ¿qué cambió en la situación de seguridad fronteriza entre la imposición de los aranceles y su levantamiento? ¿O cambió el interlocutor?
Si fue lo segundo, estamos ante un patrón que debilita la autoridad del Estado. Cuando gobiernos extranjeros comienzan a negociar selectivamente con candidatos presidenciales en lugar de con administraciones en funciones, el resultado es la fragmentación de la representación política. Los acuerdos internacionales pierden estabilidad institucional. No están respaldados por la administración actual sino por promesas de un aspirante que aún no asume el cargo ni ha sido sometido a escrutinio electoral.
Hay dos preguntas incómodas que deben responderse públicamente. Primero: ¿fue el gobierno colombiano actual informado de estas negociaciones? Si no fue informado, hay un problema de protocolo diplomático y de soberanía. Si fue informado y permitió que un candidato opositor negociara en su nombre, hay un problema de autoridad. En ambos casos, la institución presidencial colombiana resulta debilitada.
Segundo: ¿qué garantías existen de que estos acuerdos permanecerán vigentes si otro candidato gana las elecciones? Un tratado negociado por un candidato que pierde las elecciones podría ser rechazado por su sucesor. Eso introduce incertidumbre en las relaciones bilaterales y socava la confiabilidad de Colombia como socio comercial.
Desde la perspectiva de La Bitácora, que defiende el Estado de derecho y la separación de poderes, esto incluye la separación entre la campaña electoral y la administración pública. Los candidatos pueden prometer políticas. Pero no deben negociar tratados internacionales ni comprometer al Estado en acuerdos que aún no tienen legitimidad electoral.
La medida también debe entenderse en contexto. Ecuador ha enfrentado una crisis de seguridad severa, con presencia de grupos armados colombianos en territorio ecuatoriano. Los aranceles fueron presentados como herramientas de presión. Su levantamiento sugiere que Noboa considera que esa presión ya no es necesaria o que ha obtenido compromisos diferentes de los que el gobierno actual proporcionó.
El riesgo institucional es bilateral. Si gobiernos extranjeros comienzan a negociar directamente con candidatos presidenciales, el resultado es la erosión de la autoridad del ejecutivo en funciones. Esto puede ocurrir sin intención de interferencia electoral explícita, pero el efecto político es el mismo: un candidato gana visibilidad internacional y capacidad de negociación que sus competidores no tienen.
Lo que debe aclararse públicamente es qué precedente se establece para futuras negociaciones. La eliminación de aranceles puede ser positiva para el comercio bilateral. La forma en que se negoció plantea interrogantes sobre los límites de la interferencia extranjera en política doméstica. Eso es lo que debe preocupar.