El presidente ecuatoriano Daniel Noboa anunció el levantamiento de aranceles a productos colombianos a partir del 1 de junio, pero no en una negociación con su homólogo Gustavo Petro, sino tras una conversación con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial de la oposición colombiana. El gesto, sin precedentes en las relaciones bilaterales andinas, expone tanto las fracturas internas de la diplomacia regional como la lógica transaccional que domina el comercio fronterizo en tiempos de fragmentación política.
La ruptura del protocolo diplomático
Que un jefe de Estado negocie directamente con candidatos opositores de un país vecino viola un código tácito de la diplomacia hemisférica. No es que sea ilegal —la soberanía de Noboa para dialogar con quien estime es indiscutible—, pero sí es sintomático de una ruptura más profunda: la erosión de los canales institucionales entre Bogotá y Quito.
Desde que Noboa implementó la “tasa de seguridad” (eufemismo para aranceles de represalia) en 2024, alegando protección fronteriza contra el narcotráfico, las relaciones comerciales se deterioraron. Colombia respondió con medidas propias. Ambos gobiernos llevaron el conflicto a la Comunidad Andina (CAN), que el 21 de mayo ordenó a ambas naciones levantar las barreras en un plazo determinado. Noboa, al negociar con De la Espriella en lugar de con Petro, no solo evita un acuerdo que pudiera interpretarse como debilidad ante su rival político interno, sino que también apunta a una audiencia futura: la posible próxima administración colombiana.
El cálculo electoral detrás de la apertura
De la Espriella y su campaña aprovecharon inmediatamente el anuncio, argumentando que el candidato opositor estaba logrando lo que “Petro no consiguió”: reconstruir puentes comerciales sin llegar aún a la presidencia. Es un movimiento de campaña astuto. Al mismo tiempo, Noboa obtiene varias ventajas: cumple con la orden de la CAN sin negociar directamente con Petro, se posiciona como pragmático ante sus propios electores (la medida se enmarca en una supuesta victoria contra el crimen transnacional) y cultiva una relación con quien podría ser el próximo presidente colombiano.
La presencia simultánea del senador republicano Bernie Moreno en Quito —reportada por la Cancillería ecuatoriana— añade otra capa de complejidad. Moreno, de origen colombiano y cercano a círculos republicanos estadounidenses, representa la creciente influencia de actores externos en negociaciones que deberían ser bilaterales. Su presencia sugiere que la apertura comercial ecuatoriana también responde a presiones de Washington, donde la administración Trump ha priorizado la estabilidad en la región andina.
Implicaciones para Colombia y la región
Para el sector exportador colombiano, especialmente el del sur (Nariño, Cauca, Putumayo), la eliminación de aranceles es un alivio inmediato. Los productos agrícolas, textiles y manufacturados enfrentaban sobrecostos que los hacían menos competitivos en el mercado ecuatoriano. Sin embargo, la forma en que se resolvió el conflicto —mediante negociación con la oposición en lugar de con el gobierno en funciones— debilita la posición institucional de Petro y refuerza la narrativa de que su administración es incapaz de defender los intereses comerciales del país.
Esto tiene consecuencias más amplias. Si otros gobiernos regionales (Perú, Bolivia, Venezuela) ven que pueden negociar directamente con candidatos opositores colombianos, el margen de maniobra de cualquier presidente se reduce. La diplomacia se convierte en un campo de batalla electoral, donde los acuerdos bilaterales se subordinan a las campañas internas.
Además, el precedente de Noboa negociando con De la Espriella abre interrogantes sobre la legitimidad de los compromisos alcanzados. ¿Qué sucede si De la Espriella pierde las elecciones? ¿Petro honrará acuerdos suscritos por su rival? La incertidumbre institucional que esto genera es precisamente lo que los mercados y los inversionistas temen en la región andina.
La CAN como árbitro débil
La Comunidad Andina, en teoría, debería ser el mecanismo para resolver estos conflictos. Su orden de mayo fue clara: ambos países debían levantar barreras. Pero al permitir que Noboa resuelva bilateralmente mediante negociación con actores no gubernamentales, la CAN pierde autoridad. No es que el bloque sea irrelevante —ambos gobiernos presentaron recursos ante la institución—, pero sí que sus decisiones pueden ser eludidas mediante maniobras diplomáticas creativas.
Para Colombia, esto es preocupante. La integración andina, aunque imperfecta, sigue siendo un marco que protege a economías medianas contra presiones de potencias mayores. Si los gobiernos pueden saltarse la CAN mediante acuerdos paralelos, el bloque se convierte en decoración institucional.
Conclusión
El levantamiento de aranceles ecuatorianos es técnicamente una victoria para el comercio bilateral. Pero la forma en que se logró —negociando con la oposición, bajo presión de actores externos, eludiendo canales institucionales— revela una región donde la diplomacia se subordina a ciclos electorales y donde los acuerdos carecen de la estabilidad que requieren los mercados. Para Colombia, el desafío es doble: defender sus intereses comerciales sin ceder legitimidad institucional a gobiernos que negocie con sus rivales políticos.