La víspera de una elección presidencial es un momento de cierre de campaña, no de apertura de conflictos diplomáticos. Sin embargo, Gustavo Petro eligió las últimas 24 horas antes de los comicios para lanzar críticas públicas contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Bernie Moreno, senador republicano de Estados Unidos. El movimiento revela menos sobre injerencia externa que sobre el estado de fragmentación de la coalición que sostiene al gobierno.
Comencemos por los hechos documentados. Según reportó El Universal, Noboa sostuvo una conversación virtual con Abelardo de la Espriella, candidato presidencial colombiano, en la que anunció medidas comerciales bilaterales —específicamente el levantamiento de aranceles ecuatorianos a productos colombianos a partir del 1 de junio— y compromisos en seguridad y extradición. Eso ocurrió días antes de la votación. Es un acto diplomático que, por su timing y su destinatario específico, tiene dimensión electoral innegable.
La pregunta que Petro no responde es por qué una conversación entre un jefe de Estado extranjero y un candidato presidencial colombiano no constituye, en sí misma, una interferencia. Cuando Noboa anuncia beneficios comerciales condicionados a la victoria de De la Espriella, no está ejerciendo soberanía ecuatoriana: está participando en la campaña colombiana. El gobierno tiene derecho a señalarlo. Lo que no tiene es derecho a presentar como defensa de la soberanía lo que es, en realidad, un reclamo de reciprocidad política.
Respecto a Bernie Moreno: el senador republicano ha alertado sobre posibles irregularidades electorales e inseguridad en Colombia. Esas son observaciones que cualquier actor internacional puede formular. No son órdenes. No son amenazas. Son opiniones públicas. Petro afirmó que no representan la posición oficial de Washington y que mantiene una relación cercana con Donald Trump. Puede ser cierto. Pero también es cierto que un senador de Estados Unidos tiene derecho a hablar sobre elecciones en un país vecino, así como Colombia tiene derecho a ignorarlo o rebatirlo.
Lo que sí merece escrutinio es la reacción del gobierno. Cuando Petro invoca a Bolívar y la libertad para rechazar críticas electorales, está usando la retórica de la soberanía para eludir un debate más incómodo: ¿por qué un candidato de oposición recibe apoyo diplomático explícito de un vecino días antes de votar? ¿Por qué el gobierno no cuestiona directamente a De la Espriella sobre esa conversación?
La respuesta probablemente reside en que la coalición gobernante se ha desmoronado. De la Espriella no es un rival marginal: es un candidato que capturó el voto de sectores urbanos, empresariales y conservadores que en 2022 votaron por Petro o se abstuvieron. Su ascenso electoral refleja desgaste del gobierno, no interferencia externa. Culpar a Noboa y a Moreno es más cómodo que reconocer que la política colombiana se ha movido.
El gobierno tiene razón en una cosa: ningún actor externo debe determinar el voto colombiano. Pero esa premisa no es nueva ni es cuestionada. Lo que sí es problemático es usar la defensa de la soberanía como escudo contra la crítica interna. Cuando Petro dice “Colombia no está en venta”, implícitamente sugiere que quienes votan diferente a él están siendo comprados. Eso no es defensa de la soberanía. Es descalificación del adversario político.
Las elecciones de este domingo dirán si el gobierno mantiene control del Congreso o si la oposición avanza. Ese resultado no será producto de Noboa ni de Moreno. Será producto de cómo los colombianos evalúan la gestión de Petro, la inseguridad, la inflación, el desempleo y las promesas incumplidas. Invocar injerencia externa a última hora es, en sí mismo, un acto de debilidad política. Sugiere que el gobierno no confía en que su gestión hable por sí sola.
La soberanía se defiende con instituciones fuertes, procesos electorales transparentes y gobiernos que rinden cuentas. No con tweets de madrugada.