El reporte de Caracol Radio del 29 de junio describe una escena precisa: desde las 7:00 de la mañana del martes 30, el parqueadero Los Naranjos de la Gobernación de Norte de Santander opera como centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela, tras los sismos que, según el mismo reporte, afectaron a más de 12.700 familias en las costas de ese país el 24 de junio. La iniciativa reúne, según Caracol Radio, a Prisa Media, la Defensa Civil, bomberos, Policía Nacional, la Iglesia católica y el Consejo Departamental de Riesgos, con un punto alterno en el CEGIRD Fronterizo del barrio García Herreros de Cúcuta.
La respuesta institucional documentada hasta ahora es local. La pregunta que cabe formular es si eso es suficiente.
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene, según el Decreto 4147 de 2011 y sus modificaciones, la función de coordinar la respuesta a emergencias que afecten a Colombia o que requieran cooperación internacional. Una emergencia en territorio venezolano con impacto sobre comunidades fronterizas colombianas —y sobre el flujo migratorio de retorno— cae, por diseño institucional, bajo esa órbita. No se trata de una hipótesis: Cúcuta ha sido durante quince años el principal punto de presión migratoria del país, y cualquier desastre al otro lado de la línea tiene consecuencias directas en Norte de Santander, La Guajira y Arauca.
Hasta el cierre de esta columna, no hay registro público de pronunciamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la UNGRD ni del Ministerio del Interior sobre activación de protocolos de cooperación o asistencia. Tampoco del presidente. El silencio no es, por sí mismo, una política; pero en una emergencia, la ausencia de comunicación institucional abre un interrogante legítimo: qué se está coordinando, con quién y con qué recursos.
Hay un antecedente que obliga a preguntar. La respuesta colombiana a crisis humanitarias en Venezuela durante la última década pasó, en buena medida, por Migración Colombia, por la cooperación con agencias como Acnur y por el apoyo logístico de entidades territoriales. La institucionalidad existe. Lo que se observa hoy es que esa institucionalidad no aparece en la foto, y la foto la están tomando Caracol Radio y la gobernación de Norte de Santander.
Esto no es una crítica a la solidaridad ciudadana ni a la labor de los medios. Es, por el contrario, un reconocimiento: la convocatoria de Cúcuta merece ser destacada. Pero una columna de opinión debe señalar lo que el entusiasmo puede ocultar. Y lo que oculta, en este caso, es la pregunta por la responsabilidad del Estado nacional frente a una emergencia regional.
La cooperación con Venezuela tiene además un componente político que este gobierno ha manejado con ambigüedad. La frontera común exige protocolos operativos permanentes, no activados por tragedias. Si el terremoto del 24 de junio sirve para algo, debería servir para que Bogotá informe qué está haciendo, qué ha coordinado con Caracas y qué recursos se han dispuesto para atender tanto a los damnificados venezolanos como a los colombianos que, como ha ocurrido en anteriores crisis, podrían verse obligados a retornar.
Cúcuta, mientras tanto, abre su parqueadero. Y espera.