La actualización del balance de víctimas tras el doble terremoto en el norte de Venezuela confirma una realidad que trasciende la geología: la magnitud de la tragedia es también la magnitud del deterioro institucional. Según el reporte más reciente, la cifra de fallecidos ascendió a 1.450 personas, con 3.150 heridos y más de 12.700 familias damnificadas. Si bien cualquier movimiento telúrico de esta envergadura genera devastación, la letalidad observada en territorio venezolano no puede desligarse de años de desinversión en infraestructura crítica, opacidad en la gestión de riesgos y una capacidad de respuesta estatal que ha sido sistemáticamente subordinada a la lealtad política.
Para Colombia, y en particular para la región andina y el eje Cúcuta-Arauca, este evento no es solo una noticia internacional. Es un multiplicador de riesgos. La debilidad estructural del Estado venezolano ante desastres naturales acelera dinámicas migratorias que nuestro sistema de salud y de protección social ya absorbe con dificultad. No estamos ante un fenómeno aislado, sino ante la manifestación física de una gobernanza que ha perdido la capacidad técnica de proteger a su población.
La infraestructura como variable política
En países con institucionalidad robusta y códigos de construcción actualizados, los sismos causan daños materiales significativos, pero la pérdida de vidas suele ser proporcionalmente menor. La alta mortalidad en Venezuela sugiere un colapso en la aplicación de normas sismorresistentes y en el mantenimiento de edificaciones públicas y privadas. Esto es consistente con los hallazgos de organismos como la Sociedad Interamericana de Prensa y diversos centros de pensamiento que han documentado cómo la politización de la obra pública y la expropiación de empresas de servicios debilitaron la resiliencia nacional.
La respuesta oficial, canalizada a través del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, centraliza la información en una figura política antes que en agencias técnicas especializadas. Esta práctica, común en regímenes que confunden al Estado con el partido gobernante, dificulta la coordinación con organismos internacionales y retrasa la llegada de ayuda humanitaria basada en evaluaciones técnicas independientes. La comparación con Nicaragua o Cuba es inevitable: en los tres casos, la soberanía se invoca para limitar el escrutinio externo, pero esa misma soberanía no garantiza la seguridad básica de los ciudadanos cuando la tierra tiembla.
Implicaciones para la seguridad regional
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la estabilidad de los vecinos es un activo estratégico. Un Estado fallido o severamente debilitado por desastres naturales se convierte en un vacío que llenan actores ilegales y redes criminales transnacionales. En las zonas fronterizas, la emergencia sísmica puede exacerbar la movilidad de grupos armados que aprovechan el caos para reconfigurar corredores de narcotráfico y minería ilegal.
Además, la presión migratoria resultante de esta tragedia recaerá desproporcionadamente sobre Colombia. Según proyecciones del Banco Mundial y la Organización Internacional para las Migraciones, los choques exógenos en Venezuela tienen una correlación directa con el aumento de flujos mixtos hacia territorio colombiano. Esto exige que Bogotá mantenga una postura pragmática: cooperación humanitaria basada en estándares técnicos, sin legitimación política automática, y con una comunicación clara a Washington y Bruselas sobre la necesidad de financiar la contención regional.
El costo de la ideologización de la gestión de riesgos
Como analista económico y observador de las relaciones hemisféricas, resulta frustrante ver cómo la ideología se impone sobre la técnica en momentos críticos. La reconstrucción venezolana requerirá recursos que el fisco de ese país no tiene y que la comunidad internacional dudará en desembolsar sin garantías de transparencia. Mientras tanto, el costo humano seguirá escalando.
Colombia debe evitar dos extremos: la indiferencia cínica y la solidaridad ingenua. Nuestra política exterior debe ser firme en la defensa del Estado de derecho y la profesionalización de la fuerza pública, entendiendo que la estabilidad vecina es condición necesaria para nuestro propio desarrollo económico. Los 1.450 fallecidos son un recordatorio doloroso de que la mala gobernanza mata tanto como los fenómenos naturales. La lección para la región andina es clara: sin instituciones técnicas independientes y sin respeto por la separación de poderes, la vulnerabilidad ante el clima y la geología se convierte en sentencia de muerte.