La movilización ciudadana en Santander tras el terremoto en Venezuela demuestra que la fraternidad regional permanece intacta pese a las tensiones políticas. La campaña liderada por la Gobernación y la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres para recolectar insumos básicos en Bucaramanga y Floridablanca es un gesto necesario y loable. Sin embargo, desde la perspectiva de las relaciones hemisféricas, debemos ir más allá de la emoción inmediata y preguntarnos cómo garantizar que esta ayuda cumpla su propósito humanitario sin ser absorbida por la ineficiencia estatal.
Desde Bucaramanga se comprende la tragedia venezolana con una cercanía única. Somos la primera línea de recepción migratoria y el termómetro constante de la crisis vecina. Pero la experiencia de la última década plantea una interrogante técnica: ¿cómo asegurar la distribución efectiva de recursos en un entorno donde la capacidad administrativa es limitada? La ayuda internacional, cuando no se canaliza a través de organismos multilaterales con protocolos de verificación, enfrenta riesgos de desviación o pérdida. Según reportes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y diversas organizaciones no gubernamentales, la infraestructura logística venezolana carece de la transparencia mínima exigida por los estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para la gestión de desastres.
El desafío de la distribución técnica
No se trata de desalentar la solidaridad, sino de profesionalizarla para que sea efectiva. Cuando se envían medicamentos, alimentos y frazadas a un territorio con debilidades institucionales severas, existe el riesgo de que la distribución responda a lógicas distintas a la necesidad humanitaria. Investigaciones de organizaciones como Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han documentado en años anteriores cómo programas sociales en Venezuela, incluidos los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), habrían sido utilizados presuntamente como mecanismos de control social o exclusión política. Aunque cada emergencia es distinta, estos antecedentes obligan a extremar los protocolos de vigilancia.
Para Colombia, y para Santander en particular, esto plantea un dilema operativo que debe resolverse con técnica y no solo con voluntad. La ayuda debe llegar, pero requiere trazabilidad. Sería prudente que las autoridades santandereanas coordinen esta recolección no solo con la Cancillería colombiana, sino con agencias especializadas como el Programa Mundial de Alimentos o la Cruz Roja Internacional. Estas entidades mantienen presencia técnica en terreno y poseen mecanismos de auditoría que suplirían las brechas de la administración local venezolana. La soberanía no puede funcionar como un escudo para la ineficiencia ni para la falta de equidad en medio de una catástrofe natural.
Una deuda en la cooperación andina
Este sismo también pone a prueba la arquitectura de cooperación regional. Mientras la sociedad civil colombiana responde con celeridad, la respuesta estatal andina sigue siendo fragmentada. La ausencia de protocolos binacionales actualizados para la gestión de desastres transfronterizos es una deuda pendiente que trasciende a los gobiernos de turno. En un contexto donde Brasil, Colombia y Venezuela comparten riesgos geológicos y climáticos, la falta de un marco institucional robusto deja a la ciudadanía como único amortiguador de las crisis.
Desde una perspectiva institucionalista y pro-mercado, la solidaridad no riñe con la exigencia de eficiencia. Al contrario, la verdadera responsabilidad fiscal y humana consiste en asegurar que cada peso donado en Santander se traduzca en alivio real en La Guaira o Caracas, y no en propaganda o desperdicio. Apoyamos la iniciativa de la Gobernación porque refleja el carácter solidario de nuestra región, pero instamos a que esta campaña sea el punto de partida para exigir canales humanitarios neutrales y verificables.
La tragedia nos recuerda que, aunque los gobiernos cambien y las ideologías choquen, la geografía y el sufrimiento humano nos vinculan de manera indeleble. Nuestra tarea como vecinos y como país ancla de la región es mantener esa vocación de servicio, pero blindándola con la inteligencia técnica y diplomática que la complejidad venezolana demanda. La ayuda debe ser un puente de civilidad y eficiencia, no un subsidio a la opacidad.