Abelardo de La Espriella asumirá la Presidencia el 7 de agosto y, según reportó La Nación de Neiva, su primer acto de gobierno será la firma del decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. La unidad estaría orientada, de acuerdo con el anuncio, a enfrentar tres delitos específicos: homicidio, extorsión y hurto armado. La fórmula se completa con una convocatoria inmediata a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Bucaramanga y Barranquilla, las cinco capitales que el equipo entrante identifica como las más afectadas por la criminalidad.
El contexto inmediato es la crisis de orden público en Barranquilla. La circulación de panfletos amenazantes en sectores como Las Ferias, el Hipódromo y Porvenir habría provocado el cierre preventivo de establecimientos comerciales y la parálisis de la actividad económica en esas zonas. El alcalde Alejandro Char confirmó que sostuvo comunicación prioritaria con el presidente electo y que se reunirán presencialmente la próxima semana para evaluar el panorama y definir tácticas institucionales.
Hasta ahí, los hechos. Lo que sigue son preguntas que el decreto por firmar debería responder antes de su expedición, no después.
Primera: cuál es la línea de mando. Un “bloque” sugiere articulación operativa entre Policía, Fiscalía y, eventualmente, Fuerzas Militares. Si la coordinación se concentra en la Casa de Nariño, el riesgo inmediato es la duplicidad con la Comisión Intersectorial de Seguridad ya existente y con los Consejos de Seguridad regionales. Si se trata de un comando unificado con vocación permanente, el decreto debe decirlo expresamente y precisar quién lo preside, con qué periodicidad sesiona y bajo qué indicadores se mide su gestión.
Segunda: qué se entiende por “crimen urbano” en el texto. Homicidio, extorsión y hurto armado son categorías disímiles. La extorsión en Barranquilla, según los reportes locales, tiene componentes de microextorsión al comercio y de presión sobre contratistas; el hurto armado responde a dinámicas de oportunidad y reincidencia; el homicide tiene picos asociados a disputas entre estructuras. Tratarlos como un solo frente sin desagregación territorial suele traducirse en operativos de alto despliegue y bajo rendimiento, como ha documentado la Contraloría en ciclos anteriores.
Tercera: con qué presupuesto. La Nación no reporta cifras. Un bloque de esa naturaleza exige definir si operará con recursos del Fondo de Seguridad y Convivencia, con apropiaciones del Ministerio de Defensa o con creación de una unidad presupuestal nueva. Sin esa claridad, la convocatoria a los cinco alcaldes se convierte en una declaración de intenciones sin compromisos transferibles.
Cuarta: cómo se concilia con las competencias locales. Los alcaldes de las cinco capitales son autoridades de policía en sus jurisdicciones. Cualquier esquema que los convoque como receptores de directrices, y no como copartícipes en el diseño, chocará con la autonomía territorial que la propia Constitución les reconoce. El precedente más cercano, el Plan Nacional de Seguridad, mostró que los resultados fueron consistentes allí donde los mandatarios locales tuvieron co-responsabilidad operativa y presupuestal.
Quinta: cuál será el papel de la Fiscalía General de la Nación. La persecución penal de la extorsión y el homicidio no depende del Ejecutivo. Sin un compromiso explícito de laFiscalía para priorizar estos delitos en las cinco ciudades y sin la designación de fiscales especializados, el decreto funcionará como un anuncio de coordinación sin dientes.
La Bitácora ha sido crítica del uso instrumental del Estado cuando se traduce en retórica sin estructura. También ha reconocido, cuando corresponde, los anuncios de seguridad que vienen acompañados de indicadores, metas verificables y separación clara de funciones. Este decreto aún no permite evaluarlo en ninguno de esos términos. La cumbre con los alcaldes, prevista para los primeros días de agosto, es la oportunidad para que el gobierno entrante publique la hoja de ruta, los indicadores de gestión y el esquema de financiamiento. Si no lo hace, el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana será, por ahora, un nombre.
La seguridad urbana no se decreta: se construye con instituciones funcionando, presupuestos trazables y responsabilidades claramente asignadas. Es eso, y no la solemnidad del acto protocolar, lo que determinará si la promesa se traduce en resultados.