El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció por su cuenta en X que el 7 de agosto, día de su posesión, firmará el decreto que crea el Bloque de Defensa para la Seguridad Urbana. La declaración, recogida por Publimetro, no estuvo acompañada de un texto borrador ni de una exposición de motivos pública. Es, por ahora, un anuncio presidencial en formato de red social.
Lo concreto del anuncio se reduce a tres puntos. Primero, la convocatoria a los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga para construir la estrategia de manera conjunta. Segundo, la focalización en extorsión, hurto y homicidio como delitos prioritarios. Tercero, la promesa de que el decreto se dictará el mismo día de la posesión, lo que en la práctica lo convierte en el primer acto administrativo del nuevo gobierno.
La velocidad de la respuesta de los mandatarios locales es, en sí misma, la noticia. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, publicó su mensaje el mismo 5 de julio y planteó dos ejes: coordinación operativa con la Fuerza Pública y una redefinición de la política criminal que, según sus palabras, debe castigar y no premiar a las bandas delincuenciales. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, fue más allá en el tono político y marcó contraste con la administración saliente al señalar que no habrá más tarimas con criminales. Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, habló de beneplácito y de la necesidad de decisiones firmes en seguridad y justicia.
Tres alcaldes de las cinco ciudades más grandes del país respaldaron la propuesta en menos de 24 horas. Ese alineamiento temprano no es menor: indica que el nuevo gobierno arranca con capital político territorial en materia de seguridad, precisamente el área donde la administración saliente acumuló mayor desgaste.
Dicho esto, el decreto pendiente abre interrogantes técnicos que el anuncio no resuelve. Un bloque de defensa urbana implica, como mínimo, definir si se trata de una unidad militar con funciones policiales, de un comando conjunto interinstitucional o de una coordinación operativa entre Policía, Fiscalía y fuerzas armadas. Cada opción tiene consecuencias distintas en términos de competencias, presupuesto y control judicial. La Constitución reserva a la Policía Nacional la función de mantener las condiciones de seguridad en centros urbanos, y cualquier esquema que involucre a las Fuerzas Militares en tareas de seguridad ciudadana requiere un marco legal explícito.
Tampoco queda claro cómo se financiará la operación. La fuente no menciona partidas, ni traslados presupuestales, ni articulación con el Ministerio de Hacienda. Sin un anexo fiscal, el decreto será una declaración de intenciones con forma normativa.
Hay un segundo punto que merece atención. El anuncio se hizo antes de la posesión y antes del empalme formal. La propia Cecilia López, exministra de la administración Petro, advirtió que el empalme sería una tragedia, según reportó Publimetro. Si esa advertencia se materializa, el nuevo gobierno arrancará con déficit de información sobre la situación operativa de la Fuerza Pública, los procesos de paz en curso y los compromisos internacionales vigentes.
La reacción de los mandatarios locales sugiere que el nuevo gobierno tendrá margen para ejecutar. La pregunta es si ese margen se traducirá en un decreto técnicamente sólido o en un gesto político con fecha de firma. El 7 de agosto se sabrá.