El 28 de junio, el presidente electo Abelardo de la Espriella anunció, mediante comunicado público, que instruyó al vicepresidente electo y jefe de empalme, José Manuel Restrepo, evaluar las revelaciones periodísticas sobre presuestas coordinaciones entre funcionarios del gobierno actual y el Clan del Golfo y, en consecuencia, presentar las denuncias penales, disciplinarias y administrativas que correspondan. La orden incluyó remitir la información al Departamento de Justicia de Estados Unidos.
El punto de partida son unos audios difundidos por Noticias Caracol en los que, según la versión reproducida por Vanguardia, se escucharía el despido de oficiales de la fuerza pública, la suspensión de pedidos de extradición y la pausa de operaciones aéreas contra esa estructura. En las grabaciones aparece mencionado el ex alto comisionado para la paz Danilo Rueda. De la Espriella calificó los hechos como “de la mayor gravedad institucional” y exigió “una respuesta jurídica inmediata, rigurosa y conforme al Estado de Derecho”.
La instrucción tiene un problema de tiempos que conviene precisar. De la Espriella no es aún presidente; Restrepo no es aún vicepresidente y el Comité de Empalme Anticorrupción no tiene, por sí mismo, facultad de presentar denuncias en nombre del Estado. El comunicado es, en sentido estricto, un anuncio de lo que se hará cuando el nuevo gobierno asuma el 7 de agosto. Hasta entonces, las conductas denunciadas deben ser tramitadas por la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General, que son las autoridades competentes para investigar y, eventualmente, sancionar.
Dicho esto, hay un componente material que merece atención. Si los audios son auténticos y reflejan decisiones adoptadas dentro de la cadena de mando del Ministerio de Defensa o de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, estaríamos ante eventuales infracciones a la ley 2272 de 2022 y, eventualmente, a los artículos 340 y 345 del Código Penal, que tipifican la conformación y financiación de grupos armados organizados. La Corte Constitucional, en la sentencia C-525 de 2015, ya había subrayado que cualquier negociación con estructuras del crimen organizado exige autorización previa del Congreso cuando se trate de los Acuerdos de Paz previstos en el artículo 22 de la Constitución, sustituido por el Acto Legislativo 02 de 2017.
El anuncio de remitir el expediente al Departamento de Justicia añade una dimensión extraterritorial. Colombia tiene una relación de cooperación penal con Estados Unidos sustentada en el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales de 1980 y en la Convención de Palermo de 2000, ratificada por la Ley 800 de 2003. Esa vía es pertinente si existen indicios de que las presuntas conductas habrían afectado investigaciones, procesos de extradición o activos norteamericanos. No sustituye, sin embargo, el procedimiento interno.
El riesgo de fondo es que la judicialización se convierta en promesa electoral. Ya hemos visto cómo investigaciones anunciadas con bombo desde el Ejecutivo se diluyen en la etapa de instrucción cuando la Fiscalía no encuentra sustento probatorio suficiente, o terminan archivadas por la propia Corte Suprema al estudiar impedimentos de los investigadores. La gravedad de los señalamientos exige precisamente lo contrario: cadena de custodia de las grabaciones, peritajes técnicos, verificación de voces y fechas, y un fiscal especializado que asuma el caso con autonomía frente al gobierno que llegue y frente al que se va.
Por ahora, lo único cierto es lo escrito en el comunicado: un compromiso público del presidente electo de activar la maquinaria judicial cuando tome posesión. Las denuncias aún no existen. Las investigaciones formales, tampoco. Y mientras tanto, los audios siguen circulando sin un peritaje independiente que determine su autenticidad. La ciudadanía merece menos declaraciones y más expedientes.