A cuatro meses de la primera vuelta, la campaña presidencial de 2026 entró en una zona de riesgo institucional. El candidato Abelardo De La Espriella afirmó en una transmisión en vivo que existen informes de inteligencia sobre un plan para atentar contra su vida, denunció una presunta estructura de compra de votos en el Caribe colombiano que favorecería a su contendor Iván Cepeda, y entregó una lista de veintitrés nombres que, según su versión, deberían ser investigados por autoridades nacionales y extranjeras. Lo hizo sin presentar, hasta ahora, un solo documento público.
El problema no es el contenido de la denuncia, que en muchos casos es obligación legal poner en conocimiento de la Fiscalía o de la Procuraduría. El problema es el canal. Una transmisión en redes sociales no sustituye una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación, la Registraduría o el Consejo Nacional Electoral. Tampoco reemplaza una solicitud de protección a la Unidad Nacional de Protección, que es la entidad competente para evaluar riesgos contra candidatos. Cuando un aspirante a la Presidencia afirma que tiene “informes de inteligencia que no dejan lugar a dudas” sobre un plan para atentar contra su vida, la conducta razonable es remitirlos de inmediato a las autoridades, no exhibirlos en un video.
La gravedad de las acusaciones exige proporcionalidad en las pruebas. Mencionar a figuras como Carlos Caicedo, Agmeth Escaf, Eduardo Pulgar, Musa Besaile, Euclides Torres, Pedro Flórez, Martha Peralta, Karime Cotes y otros quince nombres en una lista leída en directo, sin aportar un solo contrato, un solo extracto bancario, un solo testimonio verificable, convierte la denuncia en espectáculo. Como reportó Publimetro, el candidato sostuvo que la supuesta estructura contaría con el “respaldo de sectores políticos tradicionales y estructuras regionales”, y pidió a las entidades financieras vigilar retiros de grandes sumas en efectivo en la región Caribe. Son afirmaciones cuya verificación corresponde a la Superintendencia Financiera, a la Registraduría y a los organismos de control, no a la tribuna de una直播.
Hay un precedente que no puede ignorarse: el atentado contra Miguel Uribe, citado por el propio candidato como antecedente de la violencia política. Precisamente por ese antecedente, cualquier amenaza contra un aspirante debe ser tratada con la máxima seriedad institucional. Pero esa seriedad depende de que los hechos lleguen a los conductos regulares, con cadena de custodia y con responsabilidad penal para quien invoque riesgos falsos. Acusar y retractarse después no es lo mismo que denunciar y colaborar con la justicia.
Hasta el momento, según la nota de Publimetro, la campaña de Iván Cepeda no ha emitido pronunciamiento oficial sobre estas afirmaciones. Esa ausencia no convalida ni desmiente nada, pero le da más responsabilidad al acusador, no menos. Si De La Espriella considera que existen hechos punibles, debe formular las denuncias correspondientes y permitir que la Fiscalía, la Contraloría y el Consejo Nacional Electoral actúen con independencia. Si lo que tiene son sospechas o ejercicios periodísticos sin contrastar, tiene el deber político y legal de decirlo con esa precisión.
La democracia no se defiende con transmisiones en vivo. Se defiende con institucionalidad, con pruebas y con respeto a la presunción de inocencia de quienes, sin haber sido oídos, acaban de ver sus nombres expuestos ante millones de espectadores.