A una semana de posesionado y con un saldo preliminar de 285 muertos y 379 desaparecidos por el terremoto de magnitud 7,2 con epicentro en San José del Palmar, el presidente Abelardo de la Espriella anunció desde Quibdó una reconstrucción al estilo del Plan Marshall para el Chocó. La propuesta, según reportó El Universal de Cartagena, fue formulada en su segunda visita a la capital chocoana en cuatro días.
El punto de partida es una constatación difícil de discutir: el Chocó arrastra décadas de abandono estatal. Indicadores de pobreza multidimensional, cobertura vial y acceso a servicios públicos lo han situado, año tras año, entre los departamentos más rezagados del país. El terremoto no hizo más que evidenciar lo que las cifras ya mostraban. Sobre esa base, la promesa presidencial tiene al menos el mérito de nombrar el problema sin eufemismos.
Ahora bien, un anuncio de esa magnitud exige, desde el primer día, respuestas técnicas que la rueda de prensa no entrega. ¿Con qué fuentes de financiamiento se sostendrá el plan? ¿A través de qué instrumento presupuestal se ejecutará: un decreto de emergencia económica, un crédito externo, una reasignación del Presupuesto General? ¿Cuál será la articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, con los ministerios de Vivienda y de Transporte, y con los entes territoriales? Sin esos anclajes, el Plan Marshall corre el riesgo de convertirse en eslogan de reconstrucción, una categoría que Colombia conoce bien desde 2010 con Haití y desde 1999 con el Eje Cafetero.
Hay además un componente institucional que merece atención. De la Espriella ha reiterado su intención de descentralizar el Gobierno, incluso con despachos presidenciales fuera de Bogotá. La propuesta, si se concreta, sería una ruptura con el hipercentralismo que él mismo denuncia. Pero descentralizar no equivale a delegar: requiere definir qué competencias, qué recursos y qué controles migrarán a las regiones. La Contraloría y la Procuraduría deberán vigilar que la transferencia de recursos no abra la puerta a la contratación directa sin justificación, al fraccionamiento de contratos o a la ejecución sin interventoría, modalidades que ya han marcado la respuesta a emergencias anteriores.
La cifra de 285 muertos y 379 desaparecidos, reportada por El Universal, obliga a dimensionar la urgencia. La fase de búsqueda y rescate, la atención hospitalaria, la instalación de alojamientos temporales y la restitución de acueductos y energía eléctrica demandan decisiones operativas que no pueden esperar al diseño completo del plan. El presidente aseguró estar trabajando 20 horas al día en la atención; la pregunta razonable es si esa intensidad se traduce en actos administrativos publicados en el Diario Oficial y en compromisos contractuales verificables en Secop II.
La ruta trazada por el primer mandatario incluye, tras Quibdó, visitas a Pereira, El Cairo, Toro y Cali. Esa movilidad, además de mostrar presencia en el territorio, debería servir para articular la respuesta con los gobernadores y alcaldes de Risaralda, Valle del Cauca y Chocó, y para evitar la fragmentación que suele caracterizar la atención de emergencias en Colombia.
El Chocó merece algo más que un anuncio. Merece un plan con cifras, cronogramas y responsables. La primera semana de gobierno se ha consumido en la emergencia; la segunda debería empezar a entregar los instrumentos que conviertan la promesa en obra pública verificable.