El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto no es solo una tragedia humanitaria con 281 fallecidos confirmados hasta ahora; es también una prueba de estrés institucional sin precedentes para la administración de Abelardo de la Espriella. A apenas tres días de su posesión, el nuevo mandatario enfrenta un escenario donde la gestión del riesgo deja de ser un ejercicio burocrático para convertirse en el primer examen de gobernabilidad real. Las cifras oficiales son devastadoras: casi 45.000 familias damnificadas, más de 10.000 viviendas destruidas y una afectación crítica en infraestructura de salud y educación que abarca 15 departamentos.
Sin embargo, más allá del dolor inmediato y la necesaria priorización en la búsqueda de desaparecidos, el anuncio presidencial sobre el rol central de la empresa privada en la reconstrucción marca una ruta que merece análisis desde la economía política regional. En un contexto latinoamericano donde los desastres naturales suelen instrumentalizarse para expandir el gasto corriente o consolidar narrativas estatistas, la decisión de articular la recuperación con el sector productivo es un acierto técnico y político que debe sostenerse con transparencia.
La realidad fiscal frente a la emergencia
Colombia no tiene espacio fiscal para asumir en solitario una reconstrucción de esta magnitud sin comprometer sus anclas macroeconómicas. Según proyecciones recientes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y evaluaciones de riesgo soberano, cualquier desviación significativa del marco fiscal podría reactivar presiones inflacionarias y encarecer el financiamiento externo justo cuando se necesita liquidez. La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) reporta daños en 65.841 viviendas averiadas y 236 centros de salud afectados; traducir esto en obras civiles requiere capital, maquinaria y logística que el presupuesto nacional no puede cubrir mediante asignaciones directas sin sacrificar inversión social en otras regiones.
La experiencia comparada en la región andina ofrece lecciones claras. Tras el terremoto de Ecuador en 2016, la falta de una articulación temprana con el sector privado derivó en retrasos logísticos y sobrecostos que tardaron años en corregirse. Por el contrario, los mecanismos de Asociación Público-Privada (APP) bien estructurados, como los utilizados en la reconstrucción de infraestructura vial en Perú post-Niño Costero, demostraron que la eficiencia privada puede complementar la rectoría estatal sin privatizar la tragedia. El llamado de De la Espriella a los gremios de la construcción va en esa dirección, pero requiere marcos contractuales blindados contra la corrupción y la improvisación.
Cooperación internacional con estándares técnicos
Es positivo que el Ejecutivo haya sido explícito en aceptar ayuda internacional solo bajo “estándares correspondientes”. Este filtro es necesario. La cooperación post-desastre en América Latina ha estado históricamente cargada de condicionamientos políticos o de asistencialismo poco sostenible. Como país atlantista y miembro de la OCDE, Colombia debe canalizar la asistencia técnica y financiera a través de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o el Banco Mundial, cuyos protocolos de salvaguardas ambientales y sociales garantizan que la reconstrucción no genere nuevos pasivos.
La mención presidencial sobre la utilización de la capacidad de otros países sugiere una diplomacia de desastres pragmática, alejada de alineaciones ideológicas. En momentos de vulnerabilidad, la tentación de aceptar recursos de actores autoritarios bajo la excusa de la solidaridad hemisférica suele ser alta. Mantener la cooperación dentro de los cauces institucionales protege la soberanía técnica y asegura que la infraestructura reconstruida cumpla con normas sismorresistentes internacionales, no con agendas geopolíticas ajenas.
El riesgo de la centralización comunicativa
Hay un aspecto que genera cautela analítica: la decisión de centralizar en el Ejecutivo la gestión comunicativa de la tragedia. Si bien la coordinación unificada es vital en las primeras 72 horas, la opacidad informativa en procesos de reconstrucción de largo aliento es un caldo de cultivo para la ineficiencia. Los mercados y la ciudadanía necesitan datos abiertos sobre contratos, ejecución presupuestal y avances físicos. La confianza institucional, medida por entidades como Americas Society/Council of the Americas, se erosiona cuando la información fluye únicamente por canales presidenciales sin contrapesos técnicos verificables.
El terremoto de San José del Palmar es el mayor del siglo XXI en Colombia, pero la respuesta institucional definirá la década. La apuesta por la alianza público-privada es la correcta desde una perspectiva pro-mercado y de responsabilidad fiscal. No obstante, el éxito dependerá de que esta colaboración se traduzca en reglas claras, supervisión independiente y respeto irrestricto por la separación de poderes. Reconstruir entre todos, como dijo el presidente, implica también permitir que todos vigilen cómo se reconstruye. La patria se levanta con cemento y acero, pero se sostiene con instituciones creíbles.