El Ejército de Liberación Nacional anunció un alto el fuego unilateral de 72 horas, vigente entre el 20 y el 23 de junio, con el propósito declarado de no interferir en la segunda vuelta presidencial del 21 de junio. La decisión fue comunicada por el propio grupo armado y reproducida por El Heraldo, a partir de un despacho de la agencia EFE.
La sola existencia de este anuncio obliga a una lectura incómoda. Un grupo al margen de la ley fija, por decisión propia, la fecha de inicio y de terminación de su actividad criminal. No hay negociación, no hay acuerdo previo, no hay contraprestación verificable. Es una declaración unilateral que, en los hechos, confirma que la organización conserva capacidad operativa y la voluntad de ejercerla cuando lo estime pertinente.
Según la transcripción de EFE, el comunicado señala que la guerrilla procura mantener una línea de no agresión hacia los candidatos y que no obliga a la población a votar en un sentido determinado. ¿Cómo se compatibiliza esa descripción con los reportes de la Defensoría del Pueblo y de la Fiscalía sobre presencia del ELN, secuestro, reclutamiento de menores y afectación a infraestructura energética en el Catatumbo, el Chocó y el sur de Bolívar? La pregunta queda planteada para que el próximo gobierno, y la opinión pública, contrasten el discurso con los registros oficiales.
Más llamativo resulta el segundo tramo del comunicado. La organización condena la “intromisión” de “gobernantes de otros países” y cita expresamente el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump al candidato Abelardo de la Espriella. Lo hace mientras reivindica su condición de actor político y rechaza como “inaceptable” cualquier pronunciamiento externo sobre el proceso electoral colombiano. La contradicción es difícil de soslayar: la misma organización que ha recibido financiamiento, refugio y respaldo logístico de regímenes como los de Venezuela y Cuba durante décadas pretende ahora erigirse en defensora de la soberanía nacional.
Dicho esto, el comunicado pone sobre la mesa un punto que merece tratamiento separado y serio. El respaldo explícito de un jefe de Estado extranjero a un candidato en plena campaña excede el comentario periodístico o la opinión de un analista internacional. Es una toma de posición que un gobierno extranjero no debería hacer sobre un proceso soberano. ¿Qué hará la Cancillería? El Ministerio de Relaciones Exteriores debería, como mínimo, emitir una nota de protesta formal y solicitar explicaciones por los canales diplomáticos correspondientes. El silencio diplomático ante un pronunciamiento de esa naturaleza es, en sí mismo, una señal.
Lo que el gobierno de Gustavo Petro no puede hacer es apoyarse en la denuncia del ELN para eludir el debate sobre su propia responsabilidad en el deterioro de la seguridad. Las conversaciones con esa guerrilla, iniciadas en 2022 y retomadas con intermitencia, concluyeron en una mesa paralizada y un saldo de incumplimientos documentado. La “paz total” como concepto de política pública fue, en la práctica, la licencia que permitió al ELN reorganizarse mientras el Estado cedía terreno en zonas estratégicas. Hoy el país llega a una segunda vuelta con un grupo armado que decide por cuenta propia cuándo suspende operaciones.
La segunda vuelta del 21 de junio se disputará entre De la Espriella, situado en cabeza según las encuestas citadas por El Heraldo, e Iván Cepeda, sucesor del actual gobierno. Cualquiera de los dos escenarios exigirá una política de seguridad seria: fuerza pública profesional, inteligencia operativa y cooperación internacional, sin subordinación a ningún gobierno extranjero. La soberanía se defiende con instituciones fuertes, no con comunicados de grupos armados ni con silencios diplomáticos.
El alto el fuego del ELN no es una buena noticia. Es el recordatorio de que el principal problema de seguridad del país sigue intacto, y de que la próxima presidencia heredará una mesa de negociación rota y un territorio donde el Estado todavía no llega.