El Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional respondió al llamado de cese de hostilidades formulado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Según reportó Infobea, el comunicado del ELN presenta una contradicción de fondo: solicita intervención humanitaria para proteger civiles mientras reafirma su posición de combate permanente en el Catatumbo.
El grupo armado señala que los enfrentamientos con la disidencia del Frente 33 de las Farc suman 16 meses ininterrumpidos. En el documento, el ELN atribuye el incremento de operaciones militares tanto a las Fuerzas Armadas estatales como a lo que denomina “grupo narco paramilitar del 33”, y asegura la existencia de coordinación entre ambos actores. El ELN sostiene que bombardeos desde el batallón de Tibú buscarían abrir paso a grupos ilegales para atacar población civil y liderazgos sociales.
Estas acusaciones requieren precisión analítica. Lo que el ELN presenta como coordinación deliberada podría interpretarse como operaciones simultáneas contra sus posiciones. La Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría serían los organismos competentes para verificar denuncias de coordinación entre fuerzas estatales e ilegales. Hasta el momento, ninguno de estos organismos ha emitido pronunciamientos públicos que confirmen tal coordinación. Atribuir intención coordinada sin verificación de autoridades investigativas es especulación, no análisis.
Lo documentado es la crisis humanitaria. Desplazamientos masivos, confinamientos y homicidios afectan comunidades en el Catatumbo desde hace más de un año. El ELN reconoce en su comunicado que el lanzamiento de artefactos explosivos en zonas pobladas causa terror y desplazamiento, y cita el Derecho Internacional Humanitario para señalar que tales prácticas están prohibidas. El grupo no especifica si se refiere a sus propias operaciones o exclusivamente a las de otros actores.
El ELN también denunció muertes de civiles en territorio venezolano. Según el comunicado, el 10 de mayo incursionaron fuerzas en el Consejo Comunal Playas del Socorro, municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, causando cinco muertes civiles, entre ellas dos dirigentes comunales. El grupo atribuye la operación al Ejército Nacional con apoyo de militares colombianos. Esta afirmación trasciende la frontera y plantea interrogantes sobre soberanía territorial que requieren verificación de autoridades venezolanas y de organismos internacionales de derechos humanos.
En cuanto a la respuesta institucional, el ELN critica al gobierno nacional por no responder a alertas de organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos. Simultáneamente, solicita intervención de la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales y la Gobernación de Norte de Santander para implementar mecanismos humanitarios. Esta posición contiene una tensión evidente: el grupo rechaza la gestión estatal del conflicto pero apela a instituciones del Estado para protección civil.
El comunicado incluye una acusación grave que el ELN formula públicamente: sostiene que existe un crimen de Estado impulsado desde el gobierno a través del Frente 33. Corresponde a autoridades judiciales determinar si existen elementos de prueba que sustenten tal acusación. Hasta ahora, no hay sentencias condenatorias que establezcan coordinación estatal-paramilitar en Catatumbo.
El llamado del gobernador Villamizar por reducción de confrontación contrasta con la reafirmación del ELN de su permanencia combativa. El grupo declara que seguirá “defendiendo el territorio del Catatumbo y confrontando los planes contrainsurgentes”. Esto significa que, independientemente de los llamados humanitarios, la lógica de confrontación armada persiste.
La solicitud de mecanismos humanitarios es legítima. La población civil de Catatumbo requiere protección, acceso a servicios básicos y garantías de no repetición. Pero la paradoja es evidente: un actor armado que mantiene operaciones combativas solicita intervención humanitaria. Esto no es incoherencia retórica; es la naturaleza de los conflictos prolongados donde los grupos armados buscan legitimidad internacional mientras preservan capacidad operativa.
Lo que falta en el comunicado del ELN es claridad sobre su propia responsabilidad en daños a civiles. Ningún grupo armado en Colombia ha reconocido públicamente responsabilidad por crímenes de guerra. Todos atribuyen violencia a otros. La verificación de responsabilidades corresponde a la Corte Penal Internacional, que tiene abierta una situación sobre Colombia desde 2018.
El gobierno nacional debe responder con precisión: ¿qué mecanismos humanitarios son viables cuando hay actores armados en confrontación permanente? ¿Qué garantías puede ofrecer el Estado en territorios donde su presencia institucional es débil? La gobernación de Norte de Santander requiere no solo llamados de cese, sino presencia estatal efectiva, investigación de denuncias y protección de civiles. Eso no es negociación con actores armados; es obligación constitucional.