En la madrugada del 13 de junio, integrantes del ELN atacaron con explosivos la base militar del Batallón de Infantería Liviana N.º 13, ubicada en Toledo, Norte de Santander. Según reportó El Heraldo, los artefactos fueron lanzados desde una volqueta contra los uniformados que adelantaban labores de registro en la zona. La Segunda División del Ejército confirmó que no se registran militares fallecidos ni heridos, aunque los soldados fueron valorados por auxiliares médicos y expertos antiexplosivos verifican el área en busca de nuevos artefactos.
El episodio no es un hecho aislado. Toledo hace parte del cordón fronterizo del Catatumbo, una región donde el ELN opera con presencia histórica y donde confluyen rutas de narcotráfico, minería ilegal y contrabando. Que la guerrilla haya podido movilizar una volqueta cargada de explosivos hasta射程 de una base militar sugiere dos cosas: primero, que la capacidad de planeación y logística del grupo armado sigue intacta; segundo, que los controles territoriales en esa franja de la frontera colombo-venezolana son insuficientes.
Las autoridades citadas por El Heraldo atribuyen el ataque a una retaliación por las operaciones militares en la región. La lectura es plausible, pero incompleta. Una retaliación implica una respuesta a una acción previa; lo que el comunicado no dice es si esa respuesta se enmarca en una orden del comando central del ELN o en una decisión autónoma del frente que opera en el Catatumbo. Esa distinción no es menor. Si la mesa de diálogo que el Gobierno mantiene con esa guerrilla en Caracas sigue formalmente activa, un ataque de esta magnitud obliga a una explicación pública del Ejecutivo: o se trata de un incumplimiento del protocolo acordado, o el protocolo nunca tuvo la fuerza que se le atribuyó.
Hasta el momento, según la información disponible, no hay pronunciamiento del Ministerio de Defensa ni de la delegación de diálogo que explique cómo se procesará este incidente. Ese silencio es, en sí mismo, una decisión política. Cuando un grupo armado al que se le han concedido condiciones para negociar ataca una instalación militar, la omisión gubernamental se interpreta como tolerancia. Y la tolerancia, en materia de seguridad, tiene costos medibles: confianza ciudadana en las Fuerzas Militares, cohesión institucional y, sobre todo, vidas de soldados y civiles que quedan expuestos en zonas donde el Estado no termina de afirmar su presencia.
La columna vertebral de la política de seguridad de cualquier gobierno serio debe ser la protección de la fuerza pública y de la población civil. Eso no se negocia. Si el Gobierno aspira a mantener una mesa con el ELN, debe ser transparente con los colombianos sobre las reglas que rigen esa conversación y sobre las consecuencias que tendrá cada violación. La opacidad no protege el proceso; lo deslegitima.
Norte de Santander, además, es un departamento que ha soportado durante décadas el peso de la confrontación armada. Sus habitantes merecen, como mínimo, un parte de tranquilidad sustentado en hechos y no en declaraciones retóricas sobre la “paz total”. El ataque de Toledo es, en ese sentido, un recordatorio incómodo: mientras no haya resultados verificables sobre el terreno, las mesas de diálogo en el exterior corren el riesgo de convertirse en un escudo para la impunidad.