¿Puede una decisión arbitral ser neutral cuando todo lo que la rodea está politizado?
Hoy el inglés Michael Oliver pita un octavos de final que, leído con la lupa de siempre, sería apenas otro cruce entre una potencia ascendente del fútbol norteamericano y una selección africana en crecimiento. Pero Marruecos y Canadá no llegan limpias a este encuentro del Mundial 2026. Una fue la revelación de Qatar 2022, semifinalista moral de un torneo que geopolíticamente le fue adversa; la otra es anfitriona del certamen, con todo lo que ello implica en términos de presión institucional y, mutatis mutandis, de expectativa colectiva. El árbitro inglés, con sus asistentes Burt y Mainwaring, hereda una tarea que la tradición del Derecho deportivo no prepara del todo: impartir justicia técnica cuando la res pública del torneo exige otra clase de equilibrios.
La pregunta no es banal. Tocqueville observó que en las democracias el respeto a la autoridad depende menos de su origen que de su procedimiento. Oliver no fue elegido por voto popular, pero su legitimidad república —en el sentido republicano del término— descansa en que su jurisdicción sea percibida como imparcial. En un Mundial donde los organizadores tienen intereses directos en el desempeño de ciertas selecciones, esta percepción se vuelve materia de debate público, no solo deportivo.
No acuso conspiración. Sostengo algo más modesto y, a mi juicio, más grave: que la institución arbitral internacional no ha desarrollado mecanismos de transparencia suficientes para disipar la duda razonable. Karl Popper enseñó que la sociedad abierta se defiende con instituciones que admiten su propia falibilidad. ¿Cuándo fue la última vez que la FIFA publicó, con criterios explícitos, por qué un árbitro europeo dirige un duelo entre una africana y una norteamericana? La ausencia de explicación no es prueba de parcialidad, pero sí alimento para la sospecha institucional.
Canadá, anfitriona junto a Estados Unidos y México, juega con una ventaja que no está en el reglamento: el impulso de una nación que invirtió capital político en este evento. Marruecos, por su parte, representa algo que el fútbol global necesita pero no siempre premia: la demostración de que el talento periférico puede competir sin las infraestructuras centrales. El duelo entre ambas es, en cierto modo, el que Hannah Arendt habría reconocido como tensión entre el poder constituido y el poder en movimiento.
Oliver tendrá que decidir, en segundos, jugadas que los analistas destruirán en cámara lenta durante horas. Esa asimetría entre la velocidad de la decisión y la lentitud del juicio posterior es inherente al oficio. Pero lo que no debería ser inherente es la sensación de que el árbitro está solo, sin respaldo institucional que explique por qué él y no otro, por qué allí y no en otro partido. La soledad del juez deportivo, como la del juez republicano, requiere de una arquitectura de confianza que la FIFA ha preferido no construir.
No sé quién ganará hoy. Sí sé que, más allá del marcador, este partido será recordado si algo falla no por el error humano —aceptable, incluso necesario en la tragedia griega del deporte— sino por la duda sobre si el error fue verdaderamente humano o institucionalmente inducido. Esa diferencia, que parece sutil, es la que separa a una república deportiva de un mero espectáculo administrado.