El presidente electo Abelardo De La Espriella completó este 2 de agosto su gabinete ministerial con la designación de Claudia Benavides Salazar como ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación. La novedad no es el nombre —una ingeniera industrial con dos décadas de trayectoria en incubación de empresas de base tecnológica y articulación academia–Estado–sector productivo—, sino el mecanismo: la hoja de vida llegó al despacho del electo a través del Banco de Talentos de la Patria Milagro, la plataforma de hojas de vida que el propio De La Espriella promovió durante la campaña y que presentó como el primer gran triunfo de su gobierno en formación.
El relato oficial, reproducido por Portafolio, es que el mérito abrió las puertas: una profesional pastusa, criada en Manizales, hija de docentes, con posgrados en innovación y sostenibilidad. La narrativa es eficaz y, en lo fáctico, no parece objetable: Benavides acredita experiencia concreta en transferencia de conocimiento y en proyectos de alcance nacional e internacional. Pero la columna no es sobre la ministra designada, sino sobre el instrumento.
Un banco de talentos lanzado por un candidato y administrado por su equipo de transición no es, técnicamente, un concurso público de méritos. No hay acto administrativo, no hay resolución de apertura, no hay criterios de elegibilidad publicados en el Diario Oficial, no hay veeduría ciudadana ni.shortlist auditable. Es una base de datos de postulaciones voluntarias que el equipo de gobierno entrante cruza con sus propias prioridades políticas. Llamar a eso “mérito” es, en el mejor de los casos, una licencia retórica; en el peor, una forma de presentar como procedimiento técnico lo que es una decisión discrecional del círculo cercano del presidente electo.
La comparación con el Servicio Civil colombiano es inevitable. La Comisión Nacional del Servicio Civil administra concursos públicos con cronogramas, temarios publicados y resultados revisables. El Banco de Talentos de la Patria Milagro no tiene, hasta donde se conoce, ninguna de esas garantías. Si el gobierno entrante pretende que el país confíe en que cada designación ministerial pasó por un filtro riguroso, deberá publicar —no narrar en alocución— los criterios de selección, el número de postulantes, las hojas de vida evaluadas y los puntajes asignados. De lo contrario, el “mérito” será una palabra sin papel que la respalde.
Hay un segundo punto, menos obvio. El Banco de Talentos se promocionó como canal abierto para que cualquier colombiano pudiera aspirar a un cargo. La idea tiene atractivo democrático: rompe la lógica del carrusel de nombres que circula entre las élites partidistas. Pero si el resultado es que el presidente electo escoge a quien vio dos veces en entrevista y presenta la decisión como producto de un mecanismo institucional, el problema no es de transparencia —que también—, sino de confusión deliberada entre lo que es una base de datos y lo que es un sistema de mérito. La primera almacena; el segundo compara, pondera y resuelve con reglas previas.
Para una cartera como Ciencia, Tecnología e Innovación, la discusión es particularmente sensible. Minciencias administra recursos del Sistema General de Regalías, ejecuta convocatorias públicas y firma convenios con universidades acreditadas. Su titular necesita, además de experiencia, legitimidad técnica frente a la comunidad científica. Esa legitimidad no se construye con un video de tres minutos en alocución presidencial, por bien producido que esté.
El gobierno que se posesiona el 7 de agosto tiene derecho a elegir a su equipo. Lo que no tiene es derecho a presentar una elección discrecional como el triunfo de un procedimiento. La diferencia importa: la primera es política y se juzga en las urnas; la segunda es administrativa y se juzga en los tribunales. Confundirlas es, en sí mismo, un riesgo institucional.
Por ahora, la ministra designada tiene el beneficio de la duda. Su trayectoria, según la información publicada, es pertinente. La duda se cierne sobre el método. Cuando un gobierno promete meritocracia, la primera prueba no es a quién nombra, sino cómo demuestra que lo eligió por mérito.