En menos de 36 horas, la región del Catatumbo registró dos hostigamientos contra unidades de la Policía Nacional. El primero ocurrió en el corregimiento Campo Dos, donde una estación policial recibió impactos de un grupo armado sin que se reportaran uniformados lesionados, según reportó Caracol Radio. El segundo se presentó en el casco urbano de Teorama, atribuido a miembros del ELN, y dejó herido al patrullero Javier Enrique Guerrero Polo, con una lesión en la pantorrilla derecha que motivó su traslado a Cúcuta.
El patrón es consistente con lo que las autoridades vienen documentando desde hace meses en esa zona del país: una disputa territorial entre el ELN y las disidencias de las FARC que ha convertido al Catatumbo en uno de los corredores más volátiles del nororiente colombiano. La fuerza pública, según la misma fuente, se encuentra en “máxima alerta” ante la confrontación.
Tres elementos llaman la atención.
Primero, la naturaleza de los blancos. No se trata de emboscadas móviles contra patrullas en camino, sino de hostigamientos a estaciones y a uniformados que adelantaban “labores de control y seguridad en el casco urbano”. Esto es, blancos fijos o semifijos de la institucionalidad. Cuando un grupo armado puede atacar a voluntad una estación de Policía en un corregimiento y disparar contra patrulleros dentro de un casco urbano, el mensaje que se envía a la población es que la presencia del Estado es disputada, no garantizada.
Segundo, la dispersión geográfica. Campo Dos y Teorama no son municipios contiguos. La simultaneidad de las acciones sugiere una capacidad de coordinación o, al menos, de réplica operativa que merece una lectura técnica por parte del Ministerio de Defensa y del comando general de las Fuerzas Militares. No basta con repeler el ataque: hay que explicar si responde a una decisión deliberada de las estructuras armadas o a la dinámica habitual de la zona.
Tercero, el silencio oficial sobre autores y motivos. La nota periodística atribuye el hostigamiento en Teorama al ELN, pero no precisa estructura, frente ni comandante responsable. En una zona donde opera más de un grupo, esa ambigüedad no es menor. La opinión pública tiene derecho a saber quién atacó, con qué capacidad y por qué eligió ese momento. Las versiones oficiales deben ser más precisas, no más genéricas.
El Catatumbo viene acumulando indicadores preocupantes. A los hostigamientos se suman reportes recurrentes de confinamiento, desplazamiento forzado y afectación a comunidades campesinas e indígenas. La Defensoría del Pueblo ha emitido alertas tempranas en la zona; la Unidad de Víctimas ha registrado flujos migratorios internos. Cada nuevo hecho de violencia no es un episodio aislado: es un eslabón más en una cadena que el Estado no ha logrado romper.
La respuesta no puede limitarse a reforzar el pie de fuerza. Reforzar sin estrategia es desplazar el problema. Lo que se necesita es una operación sostenida con objetivos claros, articulación entre Policía, Ejército y Fiscalía, y presencia estatal integral —justicia, salud, vías, electrificación— que le devuelva a la población la confianza de que el Estado llegó para quedarse, no solo para repeler un ataque.
Mientras tanto, el patrullero Guerrero Polo se recupera en Cúcuta. Su nombre debe quedar registrado, como los de cada uniformado herido o caído en el cumplimiento de su deber. La fuerza pública profesional que defendemos desde estas líneas no es un concepto abstracto: son personas concretas, con nombre y pantorrilla herida, que sostienen la presencia del Estado donde otros lo han abandonado.
La crisis del Catatumbo no admite más improvisación. Ni más silencio.