La actualización del balance de víctimas fatales tras el sismo del 24 de junio en Venezuela no es solo un dato estadístico; es un indicador de colapso estructural. Al pasar de 1.430 a 1.719 muertos confirmados en apenas 48 horas, según reportes oficiales citados por La República, se evidencia que la magnitud del desastre supera la capacidad de respuesta inmediata del Estado venezolano. Para Colombia, esta cifra no puede leerse en clave de solidaridad abstracta, sino como un recordatorio de los riesgos sistémicos que genera la vecindad con una institucionalidad deteriorada.
Desde una perspectiva técnica y económica, la letalidad de un evento geológico no depende exclusivamente de su magnitud en la escala de Richter, sino de la calidad de la infraestructura y la eficiencia de los protocolos de emergencia. La diferencia de 289 víctimas adicionales en dos días sugiere que los sistemas de búsqueda, rescate y atención médica primaria operan muy por debajo de los estándares regionales. Mientras que en Chile o Perú, países con alta actividad sísmica, las normas de construcción sismorresistente y los códigos de edificación han mitigado históricamente la mortalidad, en Venezuela la desinversión crónica en mantenimiento urbano y la opacidad en la gestión pública han convertido un desastre natural en una crisis humanitaria agravada.
Infraestructura como variable de riesgo político
Es necesario contextualizar esta tragedia dentro de la matriz de riesgo político de la región andina. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y diversos observatorios internacionales han documentado durante la última década el deterioro progresivo de la red hospitalaria venezolana. Cuando un terremoto golpea a un sistema de salud que ya opera con déficits estructurales de insumos, personal y electricidad, el resultado es una mortalidad excesiva evitable. Esto tiene implicaciones directas para la seguridad hemisférica: la incapacidad de Caracas para gestionar sus propias emergencias incrementa la probabilidad de nuevos flujos migratorios desordenados hacia Cúcuta, Arauca y La Guajira, presionando aún más los servicios públicos colombianos en zonas fronterizas que ya enfrentan desafíos fiscales y sociales.
Desde el atlantismo pragmático que defiende esta columna, la respuesta internacional no debe limitarse a la ayuda humanitaria de emergencia, que aunque necesaria, es paliativa. La verdadera lección para Bogotá y Washington es que la estabilidad regional depende de la funcionalidad estatal básica. No se puede tener libre comercio ni seguridad compartida con un vecino cuya infraestructura crítica está en ruinas. La reconstrucción post-sísmica, si ocurre, requerirá financiamiento multilateral condicionado a reformas de transparencia y gestión técnica, algo que el actual régimen ha rechazado sistemáticamente en favor de la opacidad.
Lecciones para la política pública colombiana
Este episodio también debe servir como espejo para Colombia. Si bien nuestra normativa sismorresistente (NSR-10) es robusta en papel, la realidad de la autoconstrucción informal y la debilidad de los cuerpos de bomberos en municipios intermedios nos acercan más al escenario venezolano que al chileno. Según datos del Departamento Nacional de Planeación, un porcentaje significativo de la vivienda rural y periurbana en Colombia no cumple con estándares técnicos mínimos. La tragedia vecina nos obliga a preguntarnos si estamos invirtiendo lo suficiente en prevención y en fortalecer la capacidad técnica de nuestras entidades territoriales, o si estamos dejando que la politización de la gestión del riesgo nos lleve por el mismo camino de vulnerabilidad acumulada.
La cifra de 1.719 muertos es, en última instancia, un fallo de mercado y de Estado combinado. En economías donde el Estado captura los recursos y elimina los mecanismos de precio y competencia en la provisión de servicios públicos, la resiliencia desaparece. Para Colombia, mantener una relación comercial y diplomática con Venezuela exige reconocer esta realidad sin eufemismos: la inestabilidad venezolana no es solo un problema político, es un pasivo contingente para nuestra propia seguridad nacional y desarrollo económico. La cooperación técnica y la vigilancia de los estándares de infraestructura deben ser prioritarios en la agenda bilateral, más allá de la retórica ideológica de turno.
El silencio de los organismos financieros multilaterales sobre el estado de la infraestructura venezolana antes del sismo fue ensordecedor. Ahora, con los escombros expuestos, la comunidad internacional tiene datos duros. La pregunta es si se utilizarán para exigir reformas estructurales o si, una vez más, la geopolítica de la no-intervención prevalecerá sobre la necesidad técnica de reconstruir un Estado funcional en el corazón de Sudamérica.