La magnitud de los recientes sismos en Venezuela, con registros de 7,1 y 7,5, ha dejado un saldo preliminar de al menos 164 fallecidos y más de 970 heridos según cifras oficiales. Sin embargo, para un analista de riesgo político en la región andina, estos números son apenas la superficie de una crisis mucho más profunda que trasciende la geología. En un país donde las instituciones han sido sistemáticamente debilitadas durante dos décadas, un desastre natural de esta envergadura no actúa como un evento aislado, sino como un catalizador que acelera tendencias preexistentes de deterioro estatal y dependencia externa.
Desde Bucaramanga, observamos con preocupación cómo la respuesta a esta emergencia se inserta en la dinámica del eje Bogotá-Washington-Brasilia. La capacidad de respuesta ante desastres es, en el siglo XXI, un indicador de legitimidad estatal tan relevante como el crecimiento del PIB o la estabilidad monetaria. Cuando un Estado pierde el monopolio de la gestión de la emergencia, ese vacío lo llenan actores no estatales o potencias extranjeras con agendas geopolíticas propias, reconfigurando la seguridad hemisférica desde la base.
La infraestructura como espejo de la gobernanza
Los daños materiales reportados no pueden desligarse de años de desinversión crónica. Según estimaciones de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, la infraestructura crítica del país ya presentaba niveles de obsolescencia y falta de mantenimiento incompatibles con estándares internacionales antes del sismo. Esto significa que la letalidad del evento no se explica únicamente por la energía liberada en el hipocentro, sino por la vulnerabilidad construida social y políticamente.
Para Colombia, esto tiene implicaciones directas. Un vecino con infraestructura colapsada y servicios públicos interrumpidos genera presiones migratorias inmediatas y dificulta la coordinación binacional en zonas fronterizas. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha documentado repetidamente que la resiliencia ante desastres en América Latina depende menos de la ayuda humanitaria reactiva y más de la inversión preventiva en gobernanza territorial. En el caso venezolano, esa inversión preventiva ha sido sustituida por retórica, dejando a la población civil como la principal garante de su propia supervivencia.
Geopolítica de la ayuda y soberanía condicional
El aspecto más delicado para la política exterior colombiana y para nuestros socios atlantistas es la gestión de la ayuda internacional. Históricamente, regímenes que enfrentan crisis de legitimidad tienden a politizar la asistencia humanitaria, aceptándola selectivamente según la alineación ideológica del donante. Esto crea un dilema para Washington y Bruselas: ¿cómo garantizar que la ayuda llegue a los afectados sin fortalecer aparatos estatales que instrumentalizan el sufrimiento ciudadano?
La experiencia comparada en Nicaragua y Cuba sugiere que, en ausencia de mecanismos de verificación independientes, la ayuda puede convertirse en una herramienta de control social. Por ello, cualquier cooperación técnica o financiera que se active desde Colombia o la comunidad internacional debe estar condicionada a protocolos de transparencia auditables, no por desconfianza ideológica, sino por responsabilidad fiscal y humanitaria. La soberanía no puede ser un escudo para la ineficiencia ni para la opacidad en el uso de recursos destinados a salvar vidas.
Implicaciones para la integración regional
Este desastre reabre el debate sobre la funcionalidad de los mecanismos de integración andina y suramericana. La retórica de la “Patria Grande” choca contra la realidad de un vecino que, en su hora más oscura, carece de los mecanismos básicos de protección civil que cualquier estado funcional debería garantizar. Para Colombia, cuya política exterior actual ha buscado recomponer lazos con Caracas bajo premisas de pragmatismo, este terremoto es una prueba de fuego.
El pragmatismo no puede significar silencio ante la incapacidad estatal. Defender el comercio internacional y la estabilidad hemisférica requiere reconocer que un socio comercial y vecino en colapso estructural es un pasivo, no un activo. Los datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y del FMI sobre la contracción económica venezolana ya advertían esta fragilidad; el sismo solo la ha hecho visible de manera trágica.
Como corresponsal basado en Santander y con lectura permanente de la región, insisto en que nuestra solidaridad con el pueblo venezolano debe ser incondicional, pero nuestra evaluación de la situación debe ser rigurosa. La reconstrucción de Venezuela, cuando sea posible, no será solo un asunto de ingeniería sísmica, sino de ingeniería institucional. Y en ese proceso, Colombia, por proximidad, historia y responsabilidad hemisférica, no puede ser un espectador pasivo ni un cómplice de la normalización del deterioro. La estabilidad de la región andina depende de que entendamos este desastre no como un accidente, sino como una consecuencia.