La apreciación del peso colombiano, que acumula una caída superior a $508 en lo corrido de 2026, ha generado un entusiasmo comprensible en los pasillos del comercio minorista y en los hogares. Con una revaluación que supera el 13% anual, la lógica aritmética sugiere que cerca del 30% de la canasta familiar debería reflejar precios más bajos. Sin embargo, desde una perspectiva de política económica y relaciones hemisféricas, este fenómeno es una espada de doble filo que merece un análisis sobrio, alejado del triunfalismo cambiario.
Para un país que defiende el libre comercio y la integración atlántica, una moneda fuerte tiene virtudes innegables: reduce el costo de la deuda externa —que representa entre el 30% y el 35% del pasivo estatal— y facilita la adquisición de bienes de capital y tecnología. No obstante, cuando la revaluación se acelera en un entorno de rigideces estructurales internas, deja de ser un síntoma de fortaleza macroeconómica para convertirse en un impuesto oculto a la producción nacional.
La ilusión del traslado inmediato al consumidor
Es cierto que 126 de los 419 productos de la canasta familiar tienen componentes importados sensibles a la tasa de cambio. Alimentos procesados, electrodomésticos, vehículos y tecnología deberían volverse más accesibles. Además, insumos críticos para la seguridad alimentaria como el maíz amarillo, la soya y el trigo, cuyo déficit estructural obliga a importar millones de toneladas anuales, ven reducido su costo en pesos.
Pero los mercados no operan en tiempo real ni en vacío institucional. Como bien advierte Analdex, el traslado al precio final no es automático. Los inventarios comprados a tasas anteriores, los costos logísticos que no ceden y, sobre todo, las estrategias comerciales en un entorno de inflación residual, diluyen el beneficio para el consumidor. Más preocupante aún es que esta ventana de precios bajos podría ser efímera si no se acompaña de una mejora en la productividad. En la región andina, hemos visto ciclos donde la revaluación desindustrializa sin dejar capacidad instalada para cuando el péndulo cambiario regresa.
Competitividad erosionada por dentro y por fuera
El verdadero riesgo de esta coyuntura no es solo que el exportador reciba menos pesos por cada dólar vendido —una pérdida de ingresos que ya se siente en flores, banano y acuicultura—, sino que la revaluación llega en el peor momento posible para la estructura de costos doméstica.
Mientras el dólar cae, los costos de producción en Colombia suben por factores ajenos al tipo de cambio. El aumento del salario mínimo, la reducción de la jornada laboral y, de manera crítica, el déficit de gas natural han disparado los costos energéticos industriales. Pasar de pagar USD 5 a USD 25 por millón de BTU es un choque de oferta que ninguna tasa de cambio favorable puede compensar. Esto crea una tormenta perfecta: el producto nacional se vuelve relativamente más caro frente al importado no solo por la divisa, sino por ineficiencias regulatorias y de infraestructura.
Desde Bucaramanga, donde la industria manufacturera compite con uñas y dientes, la señal es clara. Un dólar barato importado es bienvenido para el consumo, pero letal si desmonta la base productiva que genera divisas genuinas. La advertencia de Fenalce sobre no convertir la importación en dependencia estratégica es válida, pero insuficiente si no se resuelven los cuellos de botella internos.
Gestión del riesgo en un entorno volátil
La apreciación actual responde a flujos de remesas, endeudamiento público y confianza inversionista, factores que pueden revertirse con la misma velocidad con la que llegaron. En un contexto hemisférico donde la política monetaria de la Reserva Federal sigue siendo incierta y los precios de las materias primas son volátiles, apostar a un peso fuerte permanente es un error de planeación.
Tanto el sector privado como el Estado deben usar este alivio cambiario con prudencia. Para los empresarios, la cobertura financiera deja de ser opcional para convertirse en supervivencia. Para el Gobierno, la reducción en el servicio de la deuda externa no debería traducirse en gasto corriente adicional, sino en inversión para cerrar la brecha de infraestructura y energía que hoy nos hace menos competitivos que nuestros pares regionales.
Celebrar el dólar barato sin atender las fallas estructurales es confundir el síntoma con la cura. El alivio en la canasta es real, pero frágil. La verdadera prueba de nuestra solidez institucional y económica no es cuánto baja la divisa hoy, sino cuánta capacidad productiva preservamos para cuando suba mañana.