La política fiscal en Colombia dejó de ser un debate abstracto entre tecnócratas para convertirse en un impuesto silencioso sobre la competitividad empresarial y el bolsillo de los hogares. Un reciente borrador de investigación del Banco de la República, elaborado por José Vicente Romero y Hernando Vargas-Herrera, cuantifica lo que los mercados venían señalando desde hace trimestres: el deterioro de la deuda pública y las expectativas negativas sobre el déficit fiscal tienen un impacto estadísticamente significativo en las tasas de interés de largo plazo. En términos sencillos, cuando el mercado desconfía de la capacidad del Estado para manejar sus cuentas, cobra más caro por prestarle, y ese sobrecosto se traslada inevitablemente a la economía real.
Este hallazgo no es menor en un contexto regional donde la disciplina fiscal se ha convertido en la variable clave para diferenciar a las economías andinas. Mientras países como Perú o Chile mantienen primas de riesgo contenidas gracias a marcos fiscales creíbles, Colombia paga una factura creciente por la incertidumbre institucional. El estudio del Emisor, que analiza datos entre 2005 y 2025, demuestra que los choques fiscales explican una parte sustancial de las fluctuaciones en los rendimientos de los títulos de deuda pública. Esto significa que la volatilidad de nuestras tasas no responde únicamente a factores externos o a la política monetaria, sino a decisiones internas de gasto y endeudamiento que erosionan la credibilidad.
La prima de riesgo institucional
El mecanismo de transmisión identificado por los investigadores del Banco de la República opera a través de la pendiente de la curva de rendimientos. Cuando las expectativas sobre el déficit se deterioran, los inversionistas exigen mayor compensación por mantener activos colombianos a largo plazo. Este fenómeno, conocido en la literatura económica como “prima de riesgo fiscal”, actúa como un freno de mano para la inversión privada. Si el Estado compite por recursos en el mercado financiero ofreciendo tasas altas para cubrir sus desequilibrios, desplaza al sector privado y encarece el financiamiento para vivienda, infraestructura y capital de trabajo.
La evidencia empírica presentada en el documento utiliza modelos econométricos avanzados y encuestas de FocusEconomics para aislar el efecto fiscal de otras variables. La conclusión es contundente: la credibilidad es un activo financiero. Cuando se pierde, la recuperación es costosa y lenta. Según proyecciones históricas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Banco Mundial, Colombia necesitaría crecer de manera sostenida por encima del 3% anual para absorber la oferta laboral y reducir la informalidad; sin embargo, este sobrecosto financiero derivado de la desconfianza es un obstáculo estructural que ninguna reforma social puede compensar sin antes sanear las cuentas.
Lecciones comparadas y responsabilidad institucional
Desde una perspectiva atlantista y pro-mercado, la situación colombiana contrasta con la experiencia de otros socios comerciales. En Estados Unidos, pese a los debates sobre el techo de deuda, la profundidad del mercado y la fortaleza institucional mantienen la confianza en los bonos del Tesoro. En la Unión Europea, las reglas fiscales, aunque flexibles, imponen límites que anclan las expectativas. En Colombia, la ausencia de un compromiso político transversal con la sostenibilidad fiscal ha convertido cada debate presupuestal en un evento de riesgo sistémico. Diversos analistas de riesgo político han señalado que la administración actual tiende a utilizar el Estado como instrumento de política social sin garantizar la contrapartida de ingresos sostenibles, una estrategia que el mercado ya está penalizando.
Es crucial reconocer que este no es un problema exclusivo de la administración actual, sino la acumulación de desviaciones históricas. Sin embargo, la responsabilidad recae en quien ejerce el poder hoy. Ignorar las señales del Banco de la República bajo argumentos de soberanía o justicia social sería un error de diagnóstico grave. La justicia social requiere recursos, y los recursos requieren confianza. Sin ella, la base tributaria se contrae y el costo de la deuda consume el espacio fiscal destinado a la inversión social.
Hacia una regla fiscal creíble
La solución no pasa por ajustes cosméticos ni por mensajes optimistas desde el Ministerio de Hacienda. Requiere acciones concretas que restauren la credibilidad perdida. Esto implica cumplir rigurosamente con la regla fiscal, transparentar los pasivos contingentes y evitar sorpresas en la ejecución presupuestal. También exige que el Congreso asuma su responsabilidad en la aprobación de leyes con impacto fiscal, dejando de legislar con cheques en blanco que luego debe pagar el Banco de la República con inflación o el sector privado con tasas de interés prohibitivas.
El estudio de Romero y Vargas-Herrera es una advertencia técnica, pero también un llamado político. En un entorno global donde el capital es móvil y escéptico, la estabilidad macroeconómica no es un lujo conservador, sino la condición de posibilidad para cualquier proyecto de desarrollo. Si queremos que las tasas de interés bajen y el crédito fluya, la primera tarea no es monetaria, es fiscal. Los mercados no perdonan la improvisación, y los colombianos, a través de sus hipotecas y créditos de consumo, ya están pagando el precio de la desconfianza.