La comisión nacional de empalme entre el gobierno de Gustavo Petro y la administración entrante de Abelardo De la Espriella sesionó por primera vez este viernes, y el primer intercambio dejó al descubierto el tamaño del déficit de información que el próximo gobierno sospecha y la incomodidad del equipo saliente ante cualquier pregunta que se formule en público.
Por el gobierno saliente intervino el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Por el entrante, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, quien puso sobre la mesa tres bloques de inquietud.
El primero es fiscal. Restrepo señaló que existe una diferencia entre la deuda pública neta reportada por el Gobierno en el marco fiscal de mediano plazo y la estimada por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Lo mismo, dijo, ocurre con la cifra de déficit. A su juicio, esa brecha exige revisar con detalle los aumentos del Sistema General de Participación.
El segundo bloque es el de las reformas que ya están en aplicación o pendientes de implementación plena. El vicepresidente electo pidió precisar los efectos financieros de la reforma pensional, de la reforma laboral y de la crisis del sistema de salud, así como el impacto de las vigencias expiradas anteriores a 2024. Son compromisos que se pagarán con cargo al presupuesto de los próximos cuatro años y que, por su naturaleza, deberían estar cuantificados antes del 31 de julio, fecha de cierre del empalme.
El tercer punto es el más político. Restrepo solicitó información sobre los compromisos que el gobierno saliente habría adquirido con grupos armados dentro de la política de Paz Total: zonas de desmilitarización, suspensión de órdenes de captura y ceses al fuego. No formuló acusaciones. Pidió información.
La respuesta del ministro Ávila fue de procedimiento. Argumentó que esos temas no debían plantearse en la instalación de la comisión y que mencionarlos en ese formato respondía a una lógica mediática. Sostuvo, además, que el marco legal que regula la transición no permite otro nombre distinto al de empalme y que la dinámica debía ceñirse al intercambio técnico de información.
La observación de Ávila es atendible en parte: una comisión de empalme no es una comisión investigadora. Pero también lo es la de Restrepo: la información que se solicita es, por definición, pública y presupuestal. Precisamente porque se trata de cifras oficiales, las preguntas pueden formularse en cualquier escenario sin que pierdan su carácter técnico.
Lo que sí quedó claro es que el gobierno saliente prefiere un empalme silencioso y que el entrante no está dispuesto a concederlo. La reunión del 7 de julio, cuando se instalen las comisiones sectoriales, será la primera prueba de si el intercambio se producirá dentro de los canales formales o si cada bloque de información llegará con un titular de por medio.
En el calendario quedaron fijadas las siguientes fechas: el 7 de julio se instalarán las comisiones sectoriales; el 9 vencerá el plazo para cargar toda la información al sistema; entre el 10 y el 21 de julio se analizará la documentación; del 24 al 27 se resolverán dudas, y el 31 de julio cerrará el proceso.
A ese cronograma se suma el anuncio del nuevo ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, quien adelantó que buscará incrementos del salario mínimo atados a la productividad y alejados de los aumentos que, a su juicio, han afectado la competitividad durante el gobierno Petro. La advertencia es pertinente. Lo que no puede repetirse es que la discusión sobre el mínimo se cierre antes de que el empalme fiscal muestre el estado real de las cuentas.
Por ahora, la única certeza es la que Restrepo dejó planteada: las cifras que entregue el gobierno saliente serán el punto de partida de cualquier decisión del gobierno que inicia el 7 de agosto.