El 7 de julio de 2026, a un mes exacto de la transmisión del mando presidencial, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una serie de mensajes que conviene leer en frío, sin el ruido que los rodea.
El primer dato es institucional y debe registrarse con claridad: el presidente reiteró que ejercerá el cargo únicamente hasta el 6 de agosto a las 11:59 p.m., conforme al mandato popular. Esa afirmación, por sí sola, no merece objeción. Es la conducta que la Constitución le exige y la que cualquier demócrata debería observar.
El segundo dato ya es de otra naturaleza. En el mismo hilo, el jefe de Estado anunció que el Pacto Histórico presentará una demanda de nulidad electoral contra el resultado que dio como ganador a Abelardo de la Espriella. La existencia de recursos legales es, en principio, un derecho de los partidos. Lo que preocupa es la simultaneidad: se reconoce formalmente al adversario y, en el mismo párrafo, se lo descalifica como producto, según sus palabras, de un fraude.
El tercer elemento es el más grave. Petro convocó a la ciudadanía a ejercer “resistencia activa” y abrió la puerta a la desobediencia civil si así lo decide la población. La retórica no es neutra. Cuando un presidente en ejercicio llama a la calle contra el gobierno que surgirá de unas elecciones que él mismo califica de ilegitimas, deja de actuar como jefe de Estado y se convierte en jefe de oposición. Las dos figuras son incompatibles en una misma persona durante un período de transición.
Hay un cuarto punto que la opinión pública no debe pasar por alto. Petro sostuvo que la entrega del gobierno se hará “ante el pueblo”, y que se instalarán “sillas vacías” en las reuniones de empalme si la delegación entrante no asiste. Anunció además acciones judiciales contra miembros del equipo designado por De la Espriella, a quienes calificó de “exconvictos y familiares de convictos”. Las acusaciones penales deben ser formuladas ante un juez y con pruebas, no en un trino.
Cinco datos en un solo mensaje. Cuatro contradicen la primera.
La salida ordenada del poder es, en realidad, una obligación, no una concesión. Decir que se cumple no convierte el cumplimiento en acto de heroísmo. El contraste entre la respetuosa aceptación del 6 de agosto y la convocatoria a la desobediencia civil revela una lógica política que ya hemos visto en otros contextos: aceptación formal de la regla, sabotaje informal de la transición.
Para La Bitácora, lo que está en juego no es la ideología del gobierno que se instala el 7 de agosto, sino la integridad del proceso que lo lleva hasta allí. Si el empalme se suspende unilateralmente, si las acusaciones penales se lanzan por redes sociales, y si se convoca a la resistencia contra un presidente electo mientras se dice respetar la Constitución, el resultado no será más democracia. Será menos.
El país necesita que los últimos treinta días de este gobierno se ejerzan con la misma institucionalidad que se le exige al que начинается. La silla vacía no puede ser un símbolo; tiene que ser un escritorio donde alguien trabaja hasta el último minuto por los ciudadanos.
Petro, según reportó Caracol Radio, dijo ser demócrata. Los demócratas no convocan a la desobediencia contra el veredicto de las urnas mientras piden que se respete su derrota. Una de las dos cosas no es cierta.