El Consejo Nacional Electoral entregó este jueves las credenciales que acreditan a Abelardo De La Espriella como presidente electo y a José Manuel Restrepo como vicepresidente electo, según reportó Portafolio. La ceremonia cerró el ciclo electoral y dejó en marcha la transición hacia la posesión del 7 de agosto. El acto, de carácter protocolario y reglado por el Código Electoral, contó con la presencia de magistrados de las altas cortes, oficiales de la fuerza pública, cuerpo diplomático, misión de observación electoral y directivos de medios, como describió el mismo diario.
Lo que ordena el análisis no es el trámite, sino el contenido de la intervención del presidente electo. Portafolio registró que De La Espriella habló de un “país profundamente quebrantado” y responsabilizó al gobierno saliente de “degradar la majestad de la República”, debilitar instituciones y dividir a los colombianos. Esa caracterización marca la línea discursiva con la que arranca la transición. Si el diagnóstico es correcto, el “empalme anticorrupción” y la “auditoría exhaustiva” anunciados deberían empezar por cifras verificables: déficit fiscal, ejecución presupuestal, estado de los proyectos de inversión y reportes abiertos de la Contraloría y la Procuraduría. Las opiniones se demuestran con papeles, no con frases.
En materia de seguridad, el pasaje más duro de la intervención, según Portafolio, se dirigió a “personas y estructuras al margen de la ley”, a las que dio un mes para “entrar en razón” y organizar su sometimiento. El presidente electo habría afirmado que “no habrá ofertas generosas ni concesiones inaceptables” y que se acabará la “contemporización con el crimen”. La frase contiene una decisión política relevante: el nuevo gobierno descarta, al menos en el discurso, la línea de sometimiento colectivo con beneficios amplios que ha sido la apuesta de la administración saliente en varias mesas. Habrá que ver cómo se traduce esa posición en la Ley de Orden Público, en los decretos vigentes y en la interlocución con la Fiscalía y la Corte Constitucional.
Sobre el gabinete, Portafolio consignó que De La Espriella no entregó nombres. Se limitó a fijar criterios: “las mejores inteligencias”, personas “intachables, capaces y comprometidas”. Es un estándar legítimo, pero un estándar sin nombres no se puede auditar. La columna que se escribirá en los próximos días es la composición del equipo ministerial, especialmente las carteras de Hacienda, Defensa, Interior y Justicia. Ahí se juega la coherencia entre el diagnóstico de “país quebrantado” y la capacidad real de ejecutar.
Dos puntos del discurso merecen lectura crítica. Primero, la promesa de respeto a la oposición “dentro de la Constitución y la ley”: bienvenida, pero verificable. Una oposición fuerte, con acceso a la información pública y con garantías para investigar la contratación del Estado, es el termómetro de cualquier democracia. ¿Cómo se traducirá esa promesa en el trato cotidiano con los partidos que no integran la coalición de gobierno?
Segundo, el cierre con un llamado a “recuperar la confianza en las instituciones”. Si la lectura del gobierno anterior es de deterioro institucional, el primer movimiento del nuevo tiene que ser, paradójicamente, fortalecer los organismos de control y el sistema judicial, no debilitarlos por afinidad política. La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía deben operar sin presión. La independencia judicial no es un favor del Ejecutivo: es una obligación constitucional.
La credencial ya está en manos del nuevo gobierno. El 7 de agosto empieza la prueba. Lo que se pueda medir en cien días, se medirá.