La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú ha completado el procesamiento del 100 % de las actas, pero la definición presidencial sigue en el aire. Con una diferencia de apenas 4.310 votos entre la derechista Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, el resultado depende ahora de la resolución de 1.556 actas observadas o impugnadas. Este margen, equivalente al 0,024 % del total, no es solo un dato estadístico; es una prueba de estrés para la arquitectura institucional peruana y, por extensión, para la estabilidad de la región andina.
Para Colombia, lo que ocurre en Lima no es un evento lejano. Perú es nuestro tercer socio comercial en la Alianza del Pacífico y un aliado clave en la estrategia de seguridad hemisférica. Una crisis de legitimidad en el país vecino, sumada a la inestabilidad crónica que le ha dado ocho presidentes en una década, genera externalidades negativas inmediatas: volatilidad cambiaria, frenos a la inversión transfronteriza y un vacío de liderazgo en foros multilaterales donde Bogotá necesita contrapesos institucionales frente al avance de narrativas autoritarias en el vecindario.
La tentación del recuento político
La propuesta de Sánchez para una revisión conjunta y exhaustiva del proceso, aunque presentada como un gesto de transparencia, encierra riesgos institucionales significativos. En sistemas electorales maduros, la validación de resultados sigue cauces técnicos y reglados, no negociaciones políticas entre partes. Cuando un candidato solicita un recuento por fuera de los mecanismos establecidos por los Jurados Electorales Especiales (JEE), está, en la práctica, intentando sustituir la función jurisdiccional por un acuerdo partidista.
El rechazo de Luis Galarreta, candidato a vicepresidente por Fuerza Popular, a esta propuesta fue acertado desde la perspectiva del Estado de derecho. Al insistir en que sean los organismos electorales y no los políticos quienes decidan sobre las actas observadas, el fujimorismo se alineó con el procedimiento legal vigente. Esta postura, paradójicamente, fortalece la institucionalidad electoral en un momento donde la tentación de instrumentalizarla es alta. La democracia procedimental exige que las reglas se respeten incluso cuando el resultado es adverso o incierto.
Sin embargo, la prudencia institucional no elimina la desconfianza social. La geografía electoral revela una fractura profunda: Fujimori domina en Lima, la costa y el exterior, mientras Sánchez se impone en el centro y sur andino. Esta división territorial refleja brechas estructurales no resueltas que ningún ganador podrá ignorar. Si la resolución de las actas impugnadas se percibe como sesgada, la gobernabilidad del próximo quinquenio 2026-2031 nacerá debilitada, independientemente de quién ocupe la Casa de Pizarro.
Implicaciones para la relación Bogotá-Lima
Desde la perspectiva colombiana, hay tres variables críticas a monitorear en las próximas semanas. Primero, la continuidad de la cooperación en seguridad y defensa. Perú y Colombia comparten desafíos en la frontera amazónica y en la lucha contra economías ilícitas que no admiten pausas por coyunturas electorales. Segundo, la agenda comercial de la Alianza del Pacífico. Cualquier retraso en la conformación del nuevo gabinete peruano posterga decisiones técnicas sobre integración regulatoria y cadenas de valor regionales. Tercero, la señal política hacia Washington y Bruselas. Un Perú atrapado en disputas electorales prolongadas pierde capacidad de interlocución en momentos donde la región necesita articular posiciones comunes frente a la competencia geopolítica extracontinental.
La comunidad internacional, incluida Colombia, debe mantener una postura de respeto escrupuloso por los tiempos y procedimientos peruanos. Ni la presión por resultados rápidos ni la validación prematura de narrativas de fraude son útiles. Lo que sirve a la estabilidad regional es el apoyo técnico a los organismos electorales y el reconocimiento de que la legitimidad se construye con paciencia institucional, no con urgencias políticas.
El empate técnico peruano es, en última instancia, un recordatorio de que las democracias andinas siguen operando con márgenes de resiliencia estrechos. La diferencia entre una transición ordenada y una crisis prolongada no está en los votos, sino en la capacidad de las instituciones para procesar la incertidumbre sin ceder a la polarización. Para Colombia, observar este proceso con rigor analítico y distancia prudencial no es indiferencia; es la forma más responsable de proteger nuestros propios intereses en un vecindario donde la estabilidad es un bien escaso y compartido.
Los datos del escrutinio y las actas en disputa deben resolverse con la frialdad de la norma, no con el calor de la coyuntura. Solo así, el próximo gobierno peruano podrá gobernar con la autoridad que exige un contexto regional cada vez más complejo.