El negocio detrás del balón
¿Quién debe controlar la ventana por la que millones de colombianos miran su fútbol? La pregunta parece comercial, pero es también institucional. La División Mayor del Fútbol Colombiano confirmó que recibió una pluralidad de ofertas para explotar los derechos audiovisuales y digitales de sus competencias entre 2027 y 2030. El dato, reportado por El Frente de Bucaramanga, marca el inicio de una disputa que no se había visto con esta intensidad desde 2020, cuando Win Sports consolidó su operación sobre la Liga, el Torneo y la Copa en sus versiones patrocinadas.
En una sociedad abierta, la competencia suele ser buena noticia. Que existan varios interesados obliga a la Dimayor a comparar precios, tecnología, cobertura y capacidad de innovación. También reduce el riesgo de que una sola empresa convierta un contrato deportivo en una posición de dominio difícil de fiscalizar. Pero la competencia no se declara: se organiza. Y aquí empieza la parte delicada. La entidad dice que el proceso fue auditado por Crowe Co SAS y asesorado técnicamente por Octagon Inc. Es un paso razonable. Ahora corresponde exigir que los criterios de evaluación sean públicos, verificables y coherentes con el interés de los clubes y de los aficionados.
La tentación del monopolio rentable
El fútbol profesional no vive solo de taquillas ni de pasiones. Vive de contratos. Los derechos de televisión son una de sus principales fuentes de ingreso y, por tanto, una pieza de gobernanza económica. Quien controle la transmisión controla también buena parte del calendario comercial, la exposición de los patrocinadores y la relación entre el espectáculo y su público. No es una anécdota técnica; es una forma de poder.
Win Sports busca conservar esa operación cuando su contrato actual termine en diciembre de 2026. Tiene argumentos a favor: experiencia acumulada, infraestructura instalada y una marca asociada al fútbol local. Pero la renovación no puede ser un acto de inercia. Tocqueville advertía que las democracias se degradan cuando los ciudadanos confunden la comodidad del hábito con la legitimidad del orden. Mutatis mutandis, lo mismo ocurre en los mercados regulados por entidades privadas con impacto público. Si la Dimayor premia solo la continuidad, desperdiciará la oportunidad de negociar mejores condiciones. Si premia solo la oferta más alta, puede sacrificar cobertura, calidad o acceso para audiencias con menos recursos.
Clubes, reparto y meritocracia
El segundo frente del debate está dentro de la propia Dimayor. Algunos clubes piden revisar el modelo de distribución del dinero para incorporar variables como audiencia, rendimiento deportivo y generación de valor comercial. La exigencia tiene sentido. Un esquema igualitario puro puede proteger a los equipos pequeños, pero también puede congelar incentivos. Un esquema puramente meritocrático puede premiar la eficiencia, aunque a costa de ampliar la brecha entre clubes grandes y clubes regionales. La pregunta correcta no es cuál principio triunfa, sino qué combinación preserva la competencia sin romper la solidaridad mínima que hace viable un torneo.
Ahí aparece una lección de Karl Popper: las instituciones deben diseñarse para corregir errores, no para consagrar aciertos provisionales. Si el nuevo contrato incluye plataformas digitales, formatos flexibles o ventanas internacionales, el reparto de ingresos deberá adaptarse con reglas claras. No basta con invocar modernización. Hace falta saber quién audita los datos de audiencia, quién define el valor comercial y cómo se resuelven las disputas entre clubes con distinto peso histórico. Sin transparencia, la innovación se convierte en retórica y la retórica en pleito.
El aficionado como contribuyente invisible
El aficionado rara vez tiene asiento en estas negociaciones, aunque es quien financia el espectáculo con su suscripción, su tiempo y su lealtad. Ese vacío debería incomodar a una entidad que administra un bien de interés colectivo sin ser del todo pública ni del todo privada. La res publica no se agota en el Estado. También incluye esas instituciones intermedias que ordenan la vida común y que, por inercia, terminan decidiendo sobre bienes que nadie votó pero todos consumen.
Por eso la Dimayor haría bien en publicar, sin violar secretos empresariales legítimos, los grandes criterios de adjudicación: precio ofertado, alcance territorial, compromiso de producción, estándares tecnológicos, protección de señal para poblaciones apartadas y mecanismos de supervisión. No se trata de convertir una licitación deportiva en un trámite de contratación estatal. Se trata de reconocer que el fútbol colombiano opera bajo una forma de cuasi soberanía cultural. Cuando una institución decide cómo se ve el partido del domingo, decide también cómo se construye una parte de la conversación nacional.
Una oportunidad que no debe desperdiciarse
La llegada de varias ofertas es, en principio, una buena señal. Sugiere que el mercado cree que el fútbol colombiano todavía puede crecer, digitalizarse y exportar mejor su producto. Pero una puja no garantiza virtud. Puede terminar en un reparto opaco, en una concentración renovada o en promesas tecnológicas que no resisten la primera temporada. La diferencia entre un contrato exitoso y una ilusión cara estará en la calidad de las reglas, no en el entusiasmo del comunicado.
El balón se mueve rápido; las instituciones, no. Quizá por eso conviene mirar esta negociación con más seriedad de la habitual. Lo que está en juego no es solo quién transmite los goles entre 2027 y 2030, sino si el fútbol colombiano aprende a tratarse a sí mismo como un patrimonio común que merece competencia, rendición de cuentas y una idea más exigente de su propio futuro.