¿Cómo se reparte lo común sin destruir aquello que lo hace valioso? Esa pregunta, tan antigua como la res publica, volvió a escena el miércoles 29 de julio en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol, donde los 36 clubes afiliados a la Dimayor se reunieron en asamblea extraordinaria para dirimir el futuro de los derechos de transmisión del fútbol profesional. No hubo humo blanco. Pero hubo algo más revelador que un acuerdo: un país en miniatura debatiendo, con balón de por medio, el mismo dilema que atormenta a nuestras instituciones políticas desde hace dos siglos.
El conflicto es conocido. Según reportó Cambio, ocho clubes de gran convocatoria —Santa Fe, Millonarios, América, Deportivo Cali, Nacional, Medellín, Junior y Once Caldas— anunciaron el 22 de julio que no cederán sus derechos audiovisuales en la próxima licitación si no se reforma el modelo de distribución. Hoy la repartición se hace por categorías: la A agrupa a los equipos con al menos tres años consecutivos en primera división; la B, a los del torneo de ascenso. El ejemplo que esgrimen los disidentes es contundente: en 2024, Atlético Nacional, campeón de Liga y Copa, habría recibido menos recursos por transmisiones y auxilios que Deportes Quindío, club que lleva más de una década en la segunda categoría. Si el dato es exacto —y la fuente lo presenta como reclamo de los propios clubes—, el sistema enfrenta un problema de legitimidad difícil de ignorar.
La respuesta de los clubes pequeños tampoco es despreciable. Carlos Ferreira, presidente de Alianza Valledupar, advirtió en Blu Radio que modificar el esquema actual podría comprometer la sostenibilidad económica de varias instituciones modestas. Y tiene razón en algo esencial: un torneo donde solo sobreviven ocho equipos no es un torneo, es una exhibición. La fuerza de una liga reside en su equilibrio competitivo, ese principio que los economistas del deporte llaman competitive balance y que los hinchas conocen de otro modo: la incertidumbre del resultado es el producto. Si los grandes se llevan todo, los pequeños desaparecen, y con ellos desaparece también la razón de ser del espectáculo que los grandes pretenden vender.
Aquí la analogía política se impone con naturalidad. Tocqueville observó que las democracias viven de una tensión permanente entre la pasión por la igualdad y el amor a la libertad. El fútbol colombiano vive hoy esa misma tensión en versión doméstica: la igualdad de condiciones entre clubes contra la libertad de cada institución de cosechar lo que siembra en taquilla, audiencia y títulos. La categoría A, pensada como protección de la estabilidad, se ha convertido a ojos de los grandes en un privilegio adquirido, una suerte de renta por antigüedad que premia la permanencia más que el mérito. Y las rentas por antigüedad, lo sabemos los colombianos, terminan siempre defendidas con más uñas que argumentos.
Pero la exigencia del llamado G8 también merece escrutinio. Los clubes grandes no son víctimas inocentes de un sistema injusto: la historia reciente del fútbol profesional colombiano, con intervenciones de la Superintendencia de Sociedades incluidas, aconseja mirar con lupa cualquier reclamo que venga de esa orilla. Pedir una distribución por mérito deportivo e impacto comercial es legítimo; hacerlo sin ofrecer a cambio garantías de transparencia, gobierno corporativo y protección de la base del torneo sería convertir una reclamación razonable en una simple concentración de poder. Quien invoca la meritocracia debe aceptar también sus costos: el mérito se mide, se audita y se publica.
La asamblea, hay que decirlo, actuó con más prudencia de la que acostumbra esta institución. El comunicado oficial estableció que la revisión del esquema de distribución se hará de manera conjunta con los 36 clubes, una vez concluya la evaluación de las ofertas para la asignación de derechos audiovisuales. Es un aplazamiento, sí, pero un aplazamiento con método: primero saber cuánto vale el pastel, luego discutir cómo se corta. El orden no es trivial. Negociar la distribución antes de conocer el valor del activo habría sido pelear sobre un número imaginario.
Queda, sin embargo, una pregunta que la asamblea no respondió y que quizás sea la más importante: ¿quién representa al aficionado en esa mesa? Los 36 clubes discuten cómo repartirse un ingreso que proviene, en última instancia, de millones de personas que pagan suscripciones, llenan estadios y sostienen con su pasión el valor comercial del producto. En la negociación que viene, esos millones no tienen voz ni voto. Tocqueville diría que toda asamblea que decide sobre lo común sin escuchar a quienes lo sostienen corre el riesgo de convertirse en oligarquía, aunque sea una oligarquía de 36 miembros con credencial. El fútbol colombiano tiene ahora la oportunidad —y el deber— de demostrar que puede reformarse sin romperse. La historia de nuestras instituciones sugiere que no debemos darlo por descontado.