El Ministerio de Minas y Energía anunció desde Manaure, La Guajira, un paquete de medidas para enfrentar lo que describe como una amenaza creciente del Fenómeno de El Niño, con 81% de probabilidad de ser “muy fuerte” hacia fin de año. La propuesta central, según reportó La Nación de Neiva, es pedir a empresas y hogares que se sumen a esquemas de teletrabajo y clases en casa para reducir el consumo eléctrico en horas pico. La medida será remitida a los ministerios del Trabajo y de Educación para su estudio.
Antes de evaluar la propuesta, conviene poner sobre la mesa los datos disponibles. Colombia depende en buena medida de generación hidroeléctrica, y los embalses son sensibles a la reducción de lluvias asociada a El Niño. A eso se suma, según la misma información oficial, un mantenimiento programado de la regasificadora de SPEC en los próximos días, infraestructura clave para el suministro de gas natural. La combinación de menor oferta hídrica y una parada técnica en el sistema de gas es, por sí sola, motivo suficiente para activar protocolos de emergencia. No es un escenario hipotético: es una simultaneidad de riesgos.
Lo que llama la atención es la naturaleza de la respuesta. Frente a una eventual crisis de abastecimiento, el Gobierno ofrece once medidas, varias de ellas razonables —monitoreo de embalses, coordinación de mantenimientos, intercambios internacionales, campañas de eficiencia—, pero cuya cabeza visible es un llamado a que los ciudadanos trabajen desde la casa y a que los colegios suspendan la presencialidad. Es decir, la principal herramienta de política pública para proteger la seguridad energética es pedirles a las familias colombianas que absorban el costo del ajuste.
Hay aquí un problema de diseño. El teletrabajo no reduce el consumo total de electricidad: lo redistribuye. Si un trabajador deja de usar el aire acondicionado y el computador de una oficina en el centro de Bogotá para encenderlos en su apartamento en Usaquén, la demanda agregada no cae, e incluso puede subir por el menor rendimiento de los equipos domésticos y por el uso simultáneo de iluminación y electrodomésticos. El ahorro neto, cuando existe, es marginal y depende de condiciones específicas de cada hogar. No es una medida de política energética; es una medida de comunicación.
El contraste con anuncios previos es notorio. Colombia lleva años discutiendo la necesidad de diversificar la matriz, fortalecer la transmisión, ampliar la regasificación y resolver cuellos de botella en proyectos de generación. La lista de once medidas incluye “aceleración de nuevos proyectos” e “impulso a nuevas plantas de regasificación”, pero no precisa plazos, contratos adjudicados, ni fuentes de financiamiento. Son categorías, no decisiones.
También pesa el antecedente reciente. La administración actual ha utilizado con frecuencia los anuncios de “paquetes” y “planes” como instrumentos de gestión política, con resultados desiguales en sectores como salud y transición energética. Pedir a la población que modifique su rutina laboral y escolar sin un decreto, sin una resolución ministerial con efectos concretos y sin compensaciones para los hogares que verán aumentar su factura, es una forma de descargar el costo de la política sobre los mismos de siempre.
La seguridad energética no se construye con campañas de eficiencia. Se construye con infraestructura, contratos ejecutados, regulatoria estable y reglas claras para la inversión privada y pública. Si el Gobierno tiene información sobre el estado real de los embalses, sobre el cronograma de mantenimiento de SPEC y sobre la capacidad disponible de generación térmica, lo razonable es publicar los datos, activar los protocolos técnicos del Ministerio y, si es necesario, decretar medidas vinculantes. Lo que no es razonable es presentar el teletrabajo como la primera línea de defensa frente a una crisis que, según las propias cifras oficiales, tiene 81% de probabilidad de materializarse.
La propuesta será estudiada por los ministerios del Trabajo y de Educación. Es de esperar que ese estudio incluya, al menos, una evaluación técnica sobre si la medida efectivamente reduce la demanda agregada o si simplemente la desplaza. De lo contrario, el país llegará a fin de año con una población fatigada de llamados a la “solidaridad energética” y con un sistema eléctrico igual de vulnerable.