El ministro Edwin Palma envió el 14 de mayo una alerta a la Comisión de Regulación de Energía y Gas sobre un desfase entre la demanda proyectada de electricidad y la energía que el Sistema Interconectado Nacional puede garantizar. Según el Centro Nacional de Despacho, el déficit estimado alcanzaría 1,97 TWh-año entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, duplicándose a 3,9 TWh-año en el periodo siguiente.
Para dimensionarlo: esa brecha equivaldría a la producción continua de una planta de 450 megavatios operando sin parar durante un año completo. El panorama se agrava porque El Niño podría llegar a partir de junio, reduciendo históricamente los niveles de embalses e impactando la generación hidroeléctrica, que es la principal fuente de energía del país.
En su comunicación a la Creg, según reporta el Ministerio, Palma cuestionó la Resolución CREG 101 de 2007, que limita cómo las plantas existentes pueden participar en el mercado cuando amplían su capacidad. El caso de Hidroituango es emblemático: la planta adelanta trabajos de poda en el embalse que permitirían aumentar su generación en 1,066 TWh-año, pero la regulación vigente solo permitió que ofertara 0,8 TWh-año en la subasta de Obligaciones de Energía Firme, dejando 0,266 TWh-año sin poder aprovecharse bajo las reglas actuales.
Un segundo factor amplifica la presión: volatilidad de combustibles. El Ministerio señaló que el precio de escasez pasó de $803,7 por kWh en marzo a $1.006,9 por kWh en abril. Según la posición oficial, esa diferencia afecta la rentabilidad de plantas térmicas y las desalienta de participar en subastas, reduciendo la oferta disponible.
En redes sociales, funcionarios del sector han enfatizado la urgencia. Camilo Prieto escribió que “el gobierno nacional debe activar desde ahora una campaña de ahorro de agua y energía” y caracterizó esto como “anticipación, gestión del riesgo, no catastrofismo”.
La jugada del Ministerio abre un debate regulatorio de fondo. Los números del déficit provienen del organismo técnico de despacho, pero la decisión sobre flexibilizar restricciones de casi dos décadas no es solo técnica: implica cómo se balancea la entrada de nueva capacidad con la protección de un mercado competitivo. Sin cambios en la regulación, el riesgo de racionamiento deja de ser prospectivo y se vuelve operacional.